Las causa de los despidos se debe a la medida de fuerza que tomó el SUTPA para reclamar por 500 trabajadores echados por una empresa privada.
La empresa estatal Corredores Viales emitió telegramas de despido a 117 personas, de las 2.500 que persistieron con las medidas de fuerza de Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) ligado a Facundo Moyano, a las que consideró "ilegales e ilegítimas". Así lo informó la Secretaría de Transporte que agregó que no negociará "bajo intentos de extorsión de la casta".
En un comunicado, la secretaría que conduce Franco Mogetta expuso que la medida se tomó luego de que la "semana pasada durante cuatro días" las medidas gremiales llevadas adelante en el peaje de las autopista Ricchieri "afectaron las operaciones de la empresa por motivos ajenos a la misma" y de esta forma causaron una "pérdida de más de 2.500 millones de pesos" para el Estado nacional.
Además, aclararon que la acción sindical, a la que tildaron de "extorsiva", inició con un "reclamo al Estado Nacional en solidaridad con la situación laboral de 500 trabajadores privados pertenecientes a la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó según lo estipulado desde 2014". "Así, el sindicato pretendía que el Estado Nacional contrate o indemnice a 500 personas que son responsabilidad de una empresa privada. Al afectarse las operaciones por motivos ajenos a Corredores Viales y por hacerlo sin dar aviso previo a la autoridad de aplicación, tal como lo impone la Ley 14.786, se denunció el hecho ante la Secretaría de Trabajo", reprocharon.
"Frente a esto, SUTPA cambió el motivo del paro por otras razones que no justificaban un paro por tiempo indeterminado. Como ya fue advertido por Corredores Viales a sus trabajadores, de continuar con estas medidas extorsivas y desproporcionadas, la empresa seguirá adoptando las sanciones disciplinarias correspondientes, como descuentos de días y horas de trabajo, pérdida del presentismo y despidos", anticiparon.
Agregaron que "el Estado Nacional no va a tolerar extorsiones de ningún tipo por parte de la casta sindical. Las acciones tomadas por SUTPA la semana pasada incluyeron el levantamiento de las barreras de peaje y la obstrucción del paso, lo que resultó en largas demoras para los usuarios y una pérdida para Corredores Viales de más de 2.500 millones de pesos" pero aclararon cuando se levantan las barreas "no solo se impide el pago del peaje de forma manual, sino que también se puede desactivar la posibilidad del cobro automático a través de Telepase".
"Así, se le produce un daño al estado en su recaudación de más de 700 millones de pesos por día, necesarios para el sostenimiento del sistema sin la necesidad de recibir aportes del estado", señalaron y destacaron que ante la "persistencia de las medidas gremiales, se trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad en un protocolo para evitar a futuro el corte de las rutas y garantizar la libertad en la circulación de todos los argentinos".
Tras el comunicado, Mogetta se expresó a través de su cuenta en la red social X: "Cuando decimos que no negociamos bajo intentos de extorsión de la casta, hablamos en serio" y recordó el conflicto con la empresa Intercargo, en el cual, dijo, se despidió a "todos los responsables de tomar de rehenes a pasajeros".
"El derecho a huelga no es para extorsionar ni tomar de rehén a nadie. Tomaron medidas ilegales e ilegítimas que le causaron perdidas millonarias a una empresa estatal (Corredores Viales) que nada tenía que ver con los despidos dispuestos por una empresa privada", denunció y afirmó que "se acabó la época en que el Estado se hace cargo de todo".
"Estamos en la época de Javier Milei y en esta época el que hace daño, afronta las consecuencias. Vamos a ir a fondo", concluyó.
