El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, reclamó al presidente Alberto Fernández dejar de firmar contrataciones y licitaciones del Estado que puedan comprometer a la administración del próximo gobierno después del 10 de diciembre. En el Gobierno consideran que lo de Milei es "fuego de artificio" en medio de la campaña electoral, pero a sus propuestas de ajuste y eliminación de gastos del Estado, le responden "con más obras públicas".
Ante la consulta de A24.com sobre la presentación difundida por el abogado de Milei, fuentes del Gobierno señalaron que "no" le van a responder, en todo caso agregaron: "nuestra respuesta es la campaña: Una #ArgentinaGrande es con Obras Públicas. Seguimos a todo vapor".
Por otra parte, una fuente cercana al presidente señaló a este portal que en la Casa Rosada "no recibieron ninguna denuncia judicial, y en todo caso, cuando la presenten y haya juez, se verá".
Según informaron fuentes cercanas al candidato a presidente de LLA, Javier Milei, tenía previsto realizar este miércoles una presentación de medida cautelar en la justicia federal, en la que pedirá que se frenen contrataciones, licitaciones, designaciones y adjudicaciones hechas por el gobierno nacional y que afecten a la administración y recursos del próximo gobierno que sea electo y asuma a partir del 10 de diciembre.
Milei pide que el gobierno nacional "ordene la inmediata suspensión de todos aquellos actos que comprometan los recursos del Estado Nacional más allá del término del mandato del actual Presidente", es decir, el 10 de diciembre, fecha en que termina el mandato de Alberto Fernández.
La duda es si la denuncia de Milei es legalmente aplicable, si se tiene en cuenta que en un estado republicano, el Poder Judicial no puede intervenir en actos propios del Poder Ejecutivo, a cargo, según la Constitución, de la administración nacional.
La denuncia será presentada a través de su abogado, Diego Spagnuolo, quien la semana pasada había realizado una presentación similar en mesa de entradas de Casa Rosada, pero que desde el entorno presidencial también evitaron responder porque consideran que se trata de una chicana política en plena campaña electoral y no tendría efecto legal, al menos por ahora, no habían sido notificados.
Aunque el presidente quedó marginado de la campaña electoral del oficialismo, tras su decisión de no postularse a la reelección, en los últimos meses Alberto Fernández protagonizó varios cruces de declaraciones y críticas al candidato libertario, a quien acusó de "negacionista" de los crímenes de la dictadura militar.
Según informaron desde el equipo de prensa de Milei, en el escrito a presentar ante la justicia federal, justifica "la medida cautelar, entre otras cuestiones, en el interés subjetivo del cual soy titular al haber sido erigido como el candidato individualmente más votado y ganador de las elecciones PASO".
Milei considera que "los resultados de esas elecciones, sin lugar a duda, dan cuenta de las altas probabilidades de resultar electo Presidente de la Nación y, por ende, ostentar la titularidad del PEN a partir del 10 de diciembre próximo".
Y agrega: "La medida cautelar tiene por objeto evitar graves perjuicios al erario y a la administración que probablemente deba asumir luego de las próximas elecciones, mi legitimación para solicitarla es evidente".
El candidato libertario señala que "la apertura de la vía judicial y el reconocimiento de mi legitimación activa, dada la alta probabilidad de ser quien deba conducir los destinos de la Nación a partir del 10 de diciembre, se justifica en la inusitada gravedad institucional que revisten los actos y conductas materiales impetradas por el (aún) Gobierno Nacional".
En la cautelar se pide que "se ordene la inmediata suspensión de todos aquellos actos que comprometan los recursos del Estado Nacional más allá del término del mandato del actual Presidente y se encuentren afectados por desviación de poder, ilegalidad o irrazonabilidad y/o cualquier otro vicio que determine su nulidad absoluta e insanable y, en concreto".
Solicita evitar el pase de empleados públicos a planta permanente en determinadas dependencias, el freno de contrataciones en distintas áreas, un decreto relacionado con regulaciones que impactan en la política nacional de comercio exterior, la designación de los más altos cargos jerárquicos del ENRE, la revisión de los cuadros tarifarios de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, la licitación del espectro 5G y la adjudicación de contratos para la emisión y entrega de DNIs y pasaportes, entre otras medidas.
