El magistrado tenía una licencia previamente concedida para la semana en la que la expresidente debía presentarse ante la Justicia para cumplir su condena. Pero decidió postergarla y continuará al frente del proceso.
El juez Gorini suspendió la licencia y resolverá la detención de Cristina Kirchner (Foto: archivo)
El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal N°2, decidió suspender la licencia que tenía programada para la próxima semana y retomó sus funciones para intervenir en uno de los momentos clave del caso Vialidad: la definición del cumplimiento de las penas para los condenados, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La licencia, que había sido solicitada con anterioridad por “motivos personales” para viajar a España, generó controversia al conocerse públicamente, dado que coincidía con el plazo procesal para resolver la detención de los imputados. Finalmente, ante la repercusión y la urgencia del expediente, Gorini optó por postergar su salida.
Como presidente del TOF 2 -el tribunal que llevó adelante el juicio oral-, Gorini tiene a su cargo la ejecución de las condenas por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, que causó un perjuicio estimado en más de $86.000 millones. La exmandataria fue condenada a seis años de prisión junto con Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, entre otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la obra pública.
El tribunal otorgó un plazo de cinco días hábiles para que los condenados se presenten voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py, término que vence en las primeras horas del jueves próximo. En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, presentó un pedido de prisión domiciliaria, que incluye condiciones especiales: sin tobillera electrónica y con el actual esquema de custodia a cargo del comisario Diego Carbone.
Antes de la definición, el fiscal Diego Luciani debe emitir un dictamen sobre el pedido de morigeración. Posteriormente, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso —quienes también integraron el tribunal durante el juicio— tomarán una decisión colegiada.
Cabe recordar que Giménez Uriburu fue blanco de múltiples denuncias por parte de la propia expresidenta durante el juicio. Además, su teléfono celular fue hackeado en 2022, en pleno proceso de alegatos, y su declaración patrimonial fue sustraída de forma irregular de los registros del Consejo de la Magistratura. En enero de 2023, también fue objeto de vigilancia ilegal, cuando autos con patentes falsas fotografiaron su domicilio en plena madrugada. Estos episodios fueron investigados por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
La causa Vialidad entra así en una etapa decisiva, no solo judicial sino también política, con la mirada puesta en el futuro inmediato de Cristina Kirchner.
