Así, el Senado debatirá sobre el proyecto que logró media sanción de Diputados en el 2022: la medida implementa un método de votación que consta solo de una hoja con todas las opciones electorales disponibles en un distrito.
Este sistema permite al votante seleccionar sus preferencias para diferentes cargos, como diputados, senadores, gobernador, legisladores, intendente y concejales, dependiendo del tipo de elecciones (nacionales o provinciales).
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n cuanto a la Boleta Única de Papel, en la Casa Rosada apuntan a aprobar con modificaciones la sanción de Diputados y que la Cámara revisora fije su posición.
El objetivo es devolver la iniciativa en segunda revisión a la Cámara baja lo más rápido que se pueda -pierde estado parlamentario el último día de febrero próximo- y avanzar con un cambio institucional de relevancia en cuanto al sistema electoral que, en principio, adoptaría el modelo mendocino por sobre el cordobés.
Ambas provincias realizaron varios comicios sin problemas y aplican una sola papeleta para todo. Según lo consensuado entre dialoguistas y el oficialismo, el sistema cuyano presenta mejor adaptabilidad si los cargos aparecieran sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales.
Al tratarse de un área electoral, la BUP precisa la mayoría absoluta de votos en el recinto -37- y no puede ser desempatada por Villarruel.
Hubo acuerdo entre los bloques y se debatirá el presupuesto universitario
Por su parte, la oposición intentará aprobar el proyecto que busca garantizar el financiamiento universitario. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo aumentar el presupuesto de las universidades públicas de todo el país.
La norma contó en Diputados con el apoyo de 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención. Según el Gobierno, la Ley de Financiamiento Universitario pone en riesgo el déficit cero. Por este motivo, ya indicó que la vetará en el caso de que sea sancionada.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión activa una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta que se sancione la ley.
En concreto, establece una distribución fija del presupuesto universitario, al asignar el 85% a gastos salariales y el 15% a gastos generales y de funcionamiento. Para los gastos de funcionamiento, introduce un mecanismo de actualización bimestral basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y la variación de tarifas de servicios públicos (25%).
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La UBA recuperó el primer lugar como la mejor universidad de América Latina. (Foto: archivo)
El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
También autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a realizar ajustes presupuestarios para actualizar el presupuesto de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023.
Una oposición unida descartó los argumentos del oficialismo -los libertarios incluso sugirieron que implicaría un gasto mayor- y dijo que el proyecto representa el mínimo indispensable para el funcionamiento de las universidades. En el recinto podría conseguir los dos tercios de los votos, por lo que Javier Milei podría nuevamente hacer uso del veto.
El proyecto fue presentado por la diputada Danya Tavela (Unión Cívica Radical) y lleva la firma de otros diputados y diputadas del radicalismo, como Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, entre otros, y también de integrantes de Hacemos Coalición Federal, como Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
El Senado pospuso el tratamiento del DNU de la SIDE
El Senado pospuso, una vez más, el tratamiento en el recinto del DNU de Javier Milei que amplía en $100.000 millones el presupuesto de la SIDE. Sin los números para garantizar su aprobación, el Gobierno propuso una "sesión secreta" para que funcionarios expliquen el decreto.
Horas después de la victoria en Diputados por el veto presidencial a la reforma jubilatoria, el oficialismo logró suspender, una vez más, el debate sobre el polémico decreto que autorizó un incremento sustancial en los gastos reservados de la agencia de inteligencia del Estado. La medida recibió un primer revés a fines de agosto en la Cámara baja.
El tratamiento del DNU fue quitado del temario de la sesión de este jueves, luego de una reunión de Labor Parlamentaria que se llevó a cabo en las últimas horas. El Gobierno se enfrenta a un escenario de derrota asegurada si debate llegase al Senado este jueves, dado que la oposición cuenta con los votos necesarios para darle el golpe final.
El Poder Ejecutivo propuso a los senadores coordinar una "sesión secreta" donde asistirían funcionarios para explicar el alcance del decreto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el titular de la SIDE, Sergio Dario Neiffert, irían al encuentro para justificar el aumento de la partida reservada para inteligencia.
La Casa Rosada envió una nota a la titular del Senado, Victoria Villarruel, para solicitar formalmente que "se convoque a una Sesión Secreta Especial en los términos del artículo 18 del Reglamento del H. Senado de la Nación" con el propósito de que Bullrich, Petri y Neiffert "puedan brindar explicaciones" sobre el decreto 656/24.