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El Senado debatirá si cambia la normativa que rige los decretos de necesidad y urgencia. (Foto: archivo).
La iniciativa declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 e incluye la reformulación de pensiones no contributivas, actualizaciones de aranceles y compensaciones económicas. En julio obtuvo 56 votos afirmativos, con respaldo del kirchnerismo, el radicalismo y bloques provinciales.
En cuanto a la modificación de la ley de DNU, la propuesta que es impulsada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), plantea que cada decreto tenga un plazo de 90 días para ser aprobado por ambas cámaras, sin excepción. Además, establece que el rechazo de una sola cámara bastará para su caída y que cada DNU deberá limitarse a un área específica, para evitar paquetes de medidas heterogéneas como el DNU 70/2023 firmado por Milei, aún vigente pese al rechazo del Senado. Para su aprobación, el proyecto necesita mayoría absoluta sobre el total de senadores.
Bajo esos principios, también establece que si el Poder Ejecutivo busca sancionar un nuevo decreto sobre la misma materia deberá esperar un año parlamentario para poder hacerlo.
La agenda también incluye convenios para eliminar la doble imposición con terceros países, que cuentan con consenso para avanzar.
Con la distribución de 10 minutos por orador, el Senado se prepara para un debate maratónico que dejará pendiente para el 18 de septiembre los proyectos excluidos de esta sesión.