Casa Rosada

Milei no va a pagar la Emergencia en Discapacidad y va a defender los vetos y decretos delegados en la Justicia

El Gobierno irá a la Justicia a defender el veto a la ley de Discapacidad y sumaría a la estrategia los decretos delegados que rechace la oposición en el Congreso. En la Casa Rosada se aceleran las definiciones tras la doble derrota en el Congreso.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
javier Milei dio la orden de judicializar la ley de emergencia en discapacidad y no pagará los aumentos votados en la ley que ratificó la oposición en Diputados.

javier Milei dio la orden de judicializar la ley de emergencia en discapacidad y no pagará los aumentos votados en la ley que ratificó la oposición en Diputados.

El presidente Javier Milei no va a pagar los aumentos a las prestaciones de Discapacidad votadas por la oposición por la ley en el Congreso, y ratificó que prepara una apelación judicial para denunciar que la ley incumple otra como es la ley de administración financiera.

“El Gobierno no va a dar esos aumentos. Tenemos herramientas para ir a la justicia, como es la ley de administración financiera, que establece las condiciones para el cumplimiento de una ley, es que tiene que ir con sus recursos determinados", dijo un funcionario ante la consulta de A24.com.

En este caso, el Gobierno confirmó la postura anticipada por el propio Milei y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en varias oportunidades, antes de que la Cámara de Diputados rechazara el miércoles el veto presidencial y dejara en vigencia la ley de emergencia en Discapacidad.

La estrategia fue analizada por la mesa chica del gobierno en una reunión entre Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo el mismo miércoles a la noche, y ratificada este jueves por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stursenegger.

Federico Stursenegger en el Council of Américas confirmó que el Ejecutivo va a llevar a la justicia la ley de emergencia en discapacidad y los decretos delegdos de Milei. Foto Captura

“Lo interesante de las ‘revoluciones institucionales’ como la que encabeza el presidente Javier Milei, es que son más ruidosas, tenés tropezones, vas para adelante, después para atrás, como con la ley bases tuvimos que cambiar y negociar. Ahora vamos a tener que pelear los vetos y los decretos en la justicia”, reconoció este jueves Sturzenegger al hablar ante empresarios del Council of Américas.

El ministro, ideólogo de la reforma del Estado, dejó entrever que la defensa judicial que prepara el Gobierno incluye no solo la situación de los vetos de Milei frente a las leyes que el gobierno considera que “destruyen el equilibrio fiscal”, sino también la defensa de los decretos delegados enmarcados en la ley bases, que incluyen la reestructuración de unos 40 organismos y ajuste en el Estado, entre ellos, el de Vialidad nacional, y que buscaba eliminar la oposición en el Senado.

Sturzenegger justificó la decisión de judicializar el conflicto con el Congreso “porque Javier Milei ha elegido hacer una revolución dentro del marco institucional, con sus pro y sus contras”.

“Estas discusiones son parte de la democracia, para la vocación de revolución, se necesitan 2 atributos: la perseverancia y la convicción, y si hay alguna persona en Argentina que tiene esas dos cosas de sobra, es Javier Milei. Tenemos el líder apropiado para encarar esa revolución”, dijo el ministro de Desregulación que atribuyó las leyes impulsadas por el Congreso a que “estamos en periodo electoral”.

Sturzenegger advirtió que “hoy sería la primera vez que el Congreso rechaza un decreto delegado” y confirmó que en ese caso también el Ejecutivo se presentará “en la justicia y no se sabe como va a seguir” por “las implicancias que esa situación va a tener” en el plano económico y político en medio del proceso electoral.

Cabe recordar que la semana pasada en medio del conflcito con el Congreso, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la decisión de redoblar la apuesta frente a los proyectos de la oposición y enviar al congreso una ley para penalizar a los que voten o firmen proyectos de leyes que generen déficit fiscal, lo que comparó con delitos de "genocidio y lesa humanidad".