La Justicia descubrió la maniobra y procesó a los funcionarios salteños.
Unos 52 concejales y funcionarios de todos los partidos políticos en Salta fueron procesados y algunos condenados a penas de prisión en suspenso tras descubrirse que habían cobrado, cuando no les correspondía, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el gobierno nacional otorgó en el momento más duro de la pandemia de coronavirus.
Entre los involucrados figuran el intendente de la ciudad salteña de El Quebrachal, Rolando Rodolfo Rojas; el diputado provincial por Santa Victoria Oeste, Osbaldo Francisco Acosta; y el ex gerente de la ANSeS Fabio Vera Ramires, quien se desempeñaba como asesor en la Cámara de Senadores bonaerense cuando cobró el IFE.
Para no ir a juicio, los funcionarios públicos hicieron acuerdos judiciales que incluyeron devolver el dinero el cobrado, unos 1.400.000 de pesos; donar el equivalente a dos meses de salarios; hacer trabajos comunitarios; y no poder presentarse a elecciones.
La jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta, y el fiscal federal Ricardo Toranzos tuvieron a cargo la causa.
Además, el fiscal Toranzos investigó a tres funcionarios con cargos jerárquicos en el PAMI: Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Navarreta, que se desempeñaban en distintas localidades.
En el caso de Fernández y Navarreta fueron condenados en un juicio oral y público a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y ser empleados públicos. Juárez, en tanto, fue absuelta.
En el juicio, dos de ellos dijeron que pidieron el IFE para poder completar su sueldo porque de sus haberes debían entregar el 20% a la agrupación kirchnerista La Cámpora, porque a través de ella habían conseguido el cargo público, indicó el portal Infobae.
También fueron investigados otros nueve trabajadores de la Municipalidad de General Pizarro, situada en el sur de Salta.
Según fuentes judiciales, al momento de presentar el caso el fiscal destacó que la investigación se inició como consecuencia de informes periodísticos difundidos en de julio del año pasado, que daban cuenta de la posible defraudación al Estado Nacional cometida por funcionarios públicos.
La sospecha de irregularidades surgió después del entrecruzamiento de información de la página de ANSeS con los datos personales de funcionarios electos, la mayoría de ellos concejales, quienes habrían iniciado el trámite para el cobro del IFE, el beneficio creado para ayudar económicamente a los sectores más vulnerables frente a la situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia.
La ayuda económica estaba dirigida a las personas con trabajo informal o en calidad de monotributistas de las categorías más bajas. Toranzos sostuvo que los funcionarios acusados hicieron las gestiones para el cobro del IFE pese a que tenían un trabajo en relación de dependencia, "uno de los requisitos que fue claramente explicitado en el decreto”, explicó.
El fiscal, además, destacó que por ser funcionarios públicos los acusados debían proteger los bienes del Estado Nacional. Por esa razón les imputó también el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Clara Salguero, la especialista en temas previsionales de A24, destacó que entre abril y septiembre del año pasado se pagaron tres IFE de 10.000 pesos cada uno a unas 8.900.000 beneficiarios que, para aplicar al Ingreso, debían inscribirse en la plataforma de la ANSeS.
"La mayoría de los imputados cobró un IFE, pero hubo casos en que lo hicieron en dos oportunidades. Todo en un país que estaba arrasado por la primera ola de la pandemia, en medio de las restricciones profundas y una grave crisis económica y de empleo", destacó Salguero.
Según la especialista, unos 13 millones de argentinos se había postulado para cobrar el IFE, que alcanzó, finalmente, a 8,9 millones.
"Es necesario que todo el país, en particular la sociedad salteña, conozca los nombres de los funcionarios públicos que cometieron ilícitos en un momento tan desastroso del país", agregó Salguero.
Personas desocupadas.
Personas que trabajan en la economía informal.
Personas inscriptas en las categorías A o B del Monotributo.
Monotributistas sociales.
Trabajadores de casas particulares.
Personas que cobran Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo para Protección Social. En estos casos, el IFE se pagó de forma automática, sin necesidad de hacer una solicitud previa.