FMI: Alberto Fernández se reunió con Kristalina Georgieva en la cumbre del G-20 (Foto: Telam). en la cumbre del G-20 (Foto: Presidencia de la Nación).
El presidente, Alberto Fernández, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se reunieron este miércoles, y allí el mandatario argentino reiteró el pedido de una solución al "problema de los sobrecargos", conocidos también como sobretasas que cobra el FMI.
Finalmente, en el documento del G20, quedó asentado que el organismo analizará la posibilidad de reducirlas.
En un comunicado, que difundió la Cancillería, se remarcó que "los líderes de los países miembros del G-20 solicitaron este miércoles en su declaración final de la cumbre en la ciudad de Bali, Indonesia, la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional, en línea con el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en los últimos meses en distintos foros, en sus negociaciones bilaterales con el organismo de crédito y en concordancia con la iniciativa planteada por nuestro país en la cumbre del G-20 de Roma en octubre del año pasado".
En este orden, el documento señala en su punto 33 que los mandatarios firmantes “estamos comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes” y destaca “los compromisos por un monto de USD 81.600 millones a través de la canalización voluntaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones equivalentes”, exhortando así al compromiso de todos los países capaces de cumplir la ambición global total de USD 100.000 millones de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo.
Los sobrecargos, también conocidos como sobretasas-, son cobros adicionales a las tasas de interés regulares, que aplica el FMI sobre los préstamos que otorga. Se aplican cuando el tamaño del crédito y su tiempo de devolución superan umbrales determinados por el organismo.
Además, resaltan la puesta en funcionamiento del Resilience and Sustainability Trust (RST), destinado a la ayuda de los “países de bajos ingresos, los pequeños Estados y los países vulnerables de ingresos medios” a abordar los desafíos estructurales a largo plazo que plantean riesgos macroeconómicos, incluidos los derivados de las pandemias y el cambio climático.
Del mismo modo, se pidieron compromisos adicionales y contribuciones oportunas al RST y al Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), a fin de satisfacer las necesidades de financiamiento.
En tanto, desde el gobierno argentino comunicaron que sigue firme "su compromiso para evitar el hambre de los más vulnerables, utilizando todas las herramientas disponibles para hacer frente a la crisis alimentaria mundial. A ello se suma promover un comercio agrícola abierto, transparente, inclusivo, predecible y no discriminatorio; en especial, señala la necesidad de actualizar las reglas multilaterales de comercio agrícolas, facilitar el flujo de los bienes agrícolas, y disminuir sus distorsiones".
Según indicaron desde la Presidencia, buscarán "tomar acciones coordinadas para hacer frente a los retos de seguridad alimentaria, incluyendo la suba de los precios y el déficit global de materias primas y fertilizantes".
Con respecto a la situación en Ucrania, Nación consideró que "se refleja el costo de la guerra en la economía mundial, en la vida de las personas y en la seguridad alimentaria y energética. Los Estados expresaron sus posiciones nacionales conforme fueron sus respectivas votaciones en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mayoría habiendo condenado la invasión".
