El Gobierno aceptó este jueves las renuncias de cinco jueces, que se suman a otras cuatro presentadas la semana pasada, en el marco de una serie de dimisiones que se vienen dando en el Poder Judicial a partir del avance en el Congreso de la modificación al régimen de jubilaciones especiales.
Las renuncias de magistrados de distintos fueros fueron aceptadas y oficializadas por la Casa Rosada con la publicación de cinco decretos en el Boletín Oficial que se detallan a continuación.
Por medio del decreto 220, el presidente Fernández aceptó este jueves formalmente la renuncia de Marcelo Gonzalo Díaz Cabral, a partir del 1 de marzo, al cargo de juez de Cámara del Tribunal en lo Criminal 5 de San Martín, provincia de Buenos Aires.
En tanto, por el decreto 221 el Gobierno aceptó la renuncia de José Valentín Martínez Sobrino al cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de Capital Federal.
Con otro decreto que lleva el número 222, Fernández, junto a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, aceptaron la renuncia de la magistrada María Cristina Bértola, a partir del 26 de febrero, al cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 de la Capital Federal.
Asimismo, el jefe de Estado aceptó por los decretos 223 y 224 las respectivas renuncias de Silvia Nora Ramond, como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 37 de la Capital Federal; y de Miguel Omar Pérez, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III , ambos a partir del 1 de marzo.
Las nuevas renuncias se produjeron a cuatro días del anuncio del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, de la presentación en los próximos días de un proyecto para reformar el sistema judicial.
Además, se conocieron en medio del tratamiento legislativo del proyecto de ley que busca modificar las jubilaciones del Poder Judicial y el servicio exterior, que ya obtuvo media sanción en Diputados y el miércoles consiguió dictamen favorable en el Senado.
La iniciativa del Gobierno viene generando quejas entre los magistrados por la poca participación que tuvieron en la discusión del proyecto y la confirmación de que pedirán la inconstitucionalidad de la norma en caso de que se apruebe. Por otro lado, amenazan con renuncias masivas que generarían un vaciamiento de los distintos juzgados federales.
