Por unanimidad, el Senado convirtió en Ley la indemnización para los familiares de los submarinistas del ARA San Juan y el proyecto que establece aumentar el financiamiento para al área de la ciencia y la tecnología hasta llegar al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2032.
Esta noche, la Cámara alta aprobó en sesión especial la reparación económica para los familiares de las 44 submarinistas que fallecieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan.
Según la norma, los familiares de los tripulantes del sumergible que se hundió en noviembre de 2017 "tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar", la cual será percibida por hijos o hijas y la o el cónyuge en partes iguales, salvo que estos últimos estuviesen separados de hecho en el momento de la desaparición del submarino.
El monto que recibirán, de forma extraordinaria, equivale al sueldo mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) multiplicado por 100. Con lo cual, el beneficio alcanzaría los $7 millones por cada grupo familiar.
La iniciativa establece, además, que al percibir este monto las familias "renuncian a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto".
Además, la ahora Ley aclara que este beneficio "es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias" y establece que los familiares de los tripulantes tendrán un año para reclamar la indemnización.
Con la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, en los palcos, el Senado convirtió en Ley el proyecto que establece aumentar gradualmente, hasta 2032, la financiación del área de la ciencia y la tecnología del 0,28% al 1% del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, se instauró que el presupuesto asignado a este sector no podrá ser inferior, en términos absolutos, al establecido el año anterior.
Según la norma, se declara de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, al tiempo que se instaura un "incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental".
El objetivo de este aumento será promover la federalización del sistema científico tecnológico mediante la producción, difusión y apropiación del conocimiento científico y tecnológico en todo el país, estableciendo prioridades por zonas geográficas de menor desarrollo relativo.
Además, esta norma buscará "desarrollar y diversificar la matriz productiva" aplicando "políticas de innovación sustentable"; "generar nuevos empleos de calidad a través de la transferencia de tecnología y la incorporación de personal proveniente del sistema científico y tecnológico en el sector productivo nacional", dar a conocer los avances científicos tecnológicos mediante la divulgación e impulsar las "vocaciones científicas y como herramienta educativa", entre otros puntos.
Incluso, permitirá responder al reclamo del sector científico nacional al "jerarquizar la investigación y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el sistema científico tecnológico nacional; y establecer mecanismos que garanticen una mejora, estabilidad y equidad en las remuneraciones de los recursos humanos".
