La detención domiciliaria de Cristina Kirchner, los procesamientos de Alberto Fernández y el escándalo de José Luis Espert, entre los casos más destacados de los últimos 12 meses.
El año 2025 deja una sucesión de definiciones en causas judiciales que han alterado el tablero político de manera -en muchos casos- irreversible. A24.com presenta un resumen de los hitos que marcaron el año: desde la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner y los procesamientos de Alberto Fernández, hasta el escándalo de José Luis Espert por presuntos vínculos narco, la trama de corrupción en la ANDIS y el revés oficialista en la Corte Suprema.
La expresidenta -con más de 70 años- recibió el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir su condena en la causa Vialidad después que la Corte Suprema dejó firme la sentencia que había dictado el TOF 2.
Aún convaleciente por el postoperatorio de la cirugía de peritonitis, Cristina Fernández de Kirchner no pudo conectarse a la última jornada del juicio oral por Cuadernos, que comenzó en noviembre pasado en medio de una fuerte polémica por la modalidad virtual de las audiencias.
Por este juicio hay más de 86 personas sospechadas de participar de maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, denominada “La Camarita”.
Las indagatorias a todos los acusados comenzarán cuando retomen las audiencias después del receso de enero. A partir de ese momento, los acusados deberán asistir personalmente y por turnos al sitio donde se constituya el tribunal.
En cuanto a los expedientes de los casos Hotesur-Los Sauces, el año termina con la integración del tribunal que retomará el proceso hacia el juicio oral. Se trata del TOF 5, que quedó formado por Adriana Paliotti, Juan Michilini y Rodrigo Giménez Uriburu.
La sorpresa fue la incorporación de Juan Grabois en el equipo de abogados defensores en la causa Memorándum con Irán, que investiga por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
Hay dos expedientes que golpearon la imagen pública del expresidente. Uno es la causa Seguros, donde figura como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.
En este caso está sospechado de haber firmado un decreto que presuntamente habilitó la contratación de pólizas para beneficiar a sus amigos, entre ellos el broker Héctor Martínez Sosa.
Por otro lado, Alberto Fernández está a punto de ser enviado a juicio oral por lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yañez. Este trámite está demorado porque logró apartar al juez Julian Ercolini, quien fue reemplazado por Daniel Rafecas.
La victoria electoral en octubre fue una gran noticia para el oficialismo, que venía golpeado por el escándalo de su ex primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Este caso se divide en dos expedientes por los que se realizaron allanamientos en su casa, en el Congreso y se congelaron todos sus bienes.
El primero tramita en Comodoro Py, donde evalúa el posible encubrimiento y lavado de activos provenientes del narcotráfico en relación con 36 vuelos sospechosos que realizó Espert durante su campaña presidencial por el partido UNIRTE en 2019.
A su vez, en el fuero federal de San Isidro, el exdiputado de la LLA fue imputado por presunto lavado de dinero, a raíz de una denuncia de Juan Grabois, donde se lo acusa de haber recibido una transferencia de dinero de parte de Fred Machado, extraditado a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Otro caso que golpeó al gobierno es $LIBRA, que por el momento atraviesa la etapa de producción de prueba sin que ninguno de los implicados haya sido convocado a defenderse en indagatoria. De hecho, los inversores en la criptomoneda, que fueron confirmados por la Corte Suprema como querellantes en este expediente, se quejaron por la actuación del fiscal Eduardo Taiano.
De acuerdo con lo que el Ministerio Público Fiscal aclaró, "el proceso se encuentra en plena etapa de instrucción, con numerosas diligencias en trámite, que tienen por objeto establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos denunciados".
Por su lado, el sumario por las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya tiene 19 imputados, entre los que figuran el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo; el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia, Daniel María Garbellini; los posibles intermediarios y facilitadores, Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella, entre otros empresarios de la industria de medicamentos.
Aunque la Cámara Federal desechó los audios donde Spagnuolo describe las supuestas operaciones de corrupción hasta que se confirme su origen, la investigación cuenta con mucho material de prueba en relación con los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, estafa, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles.
El gobierno nacional recibió un duro revés cuando el Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como postulantes para completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación con 5 miembros.
García-Mansilla llegó a jurar como juez del Máximo Tribunal tras su nombramiento en comisión, mientras que Lijo prefirió esperar la votación del Congreso sin abandonar su juzgado en Comodoro Py.
Según su propia estadística, la Corte con tres miembros resolvió casi 29 mil causas en 2025. Entre sus fallos más resonantes figuran la condena de Cristina Kirchner en Vialidad; dejó firme la condena a diez años de prisión del empresario Lázaro Báez en la Ruta del dinero, y confirmó la pena de Julio de Vido en la Tragedia de Once.
Además, rechazó decenas de recursos para frenar el juicio por Cuadernos; volvió a exigir al Congreso Nacional que nombre un Defensor del Pueblo, vacante desde hace más de 15 años; y confirmó la constitucionalidad de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri a fines de 2017.
No obstante, el 2025 cierra con una paradoja alarmante por el récord de vacantes en los tribunales federales: con casi un tercio de los despachos deshabitados, el sistema se ve obligado a funcionar mediante subrogancias que estiran los plazos de las decisiones judiciales.
La implementación del Sistema Acusatorio en los tribunales de Comodoro Py estaba prevista para agosto y luego para noviembre de este año, hasta que el Ministerio de Justicia fijó el 20 de abril del 2026 como la fecha definitiva para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Capital Federal.
La decisión se tomó ante la advertencia de la Procuración General de la Nación sobre la falta de condiciones de infraestructura y recursos humanos para que los fiscales asuman la dirección de las investigaciones.
Por su lado, el fuero Penal Económico también manifestó su preocupación por la falta de personal especializado y la escasez de tecnología para gestionar la nueva metodología en los procesos que requiere más oralidad.
El Acusatorio otorga al Ministerio Público Fiscal el peso de impulsar las causas, dándoles la responsabilidad de recibir denuncias, llevar adelante las investigaciones y formular las acusaciones, hasta llegar al juicio oral. Los jueces intervendrán solo como garantes de derechos, para autorizar medidas como allanamientos o detenciones, y dictar los fallos.
En la causa Fútbol para todos resultaron todos absueltos por decisión del TOF N°1, que declaró la nulidad del alegato del fiscal Miguel Osorio porque consideró que incumplió con su obligación de formular una acusación válida.
El proceso había llegado a juicio por presunta responsabilidad en las irregularidades e incumplimientos de contratos en el programa televisivo, y por maniobras de desvíos de fondos del Estado nacional, entre agosto de 2009 y diciembre de 2015.
A todo esto, Andrea Del Boca resultó absuelta en el juicio por supuestos delitos con la financiación estatal de su telenovela “Mamá Corazón” en 2015.
La fiscal Fabiana León había solicitado en su alegato final una pena de tres años y seis meses de prisión para la actriz como partícipe necesaria de administración fraudulenta, y de cuatro años y seis meses para Julio de Vido.
Antes de cerrar el año, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Héctor Jesús Guerrero, cabo primero de Gendarmería, por el delito de lesiones gravísimas en concurso real con abuso de armas, ambos agravados por su función como miembro de una fuerza de seguridad.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico sostuvieron que el gendarme actuó con dolo eventual al disparar al menos seis veces de forma horizontal hacia la multitud, a pesar de que los manuales de la fuerza prohíben taxativamente apuntar este tipo de armas hacia personas por su potencial letal.
Guerrero fue el autor del disparo que impactó una cápsula de gas lacrimógeno en el cráneo del fotógrafo Pablo Grillo el 12 de marzo de 2025, durante una manifestación a favor del reclamo de aumento a los jubilados frente al Congreso Nacional.
La resolución remarca que el informe pericial del Cuerpo Médico Forense dio cuenta que Grillo sufrió una herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo por impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo que puso en peligro su vida.