El gobierno de Javier Milei apuesta a consolidar en el segundo semestre de su primer año de mandato cuatro cuestiones centrales de su política respecto a la Justicia:
Javier Milei tiene 4 prioridades en materia judicial. El nombramiento de los jueces de la Corte como prioridad y la reforma para la que apelará a la opinión pública.
Ministro de Justicia, Cuneo LIbarona (Foto: archivo)
El gobierno de Javier Milei apuesta a consolidar en el segundo semestre de su primer año de mandato cuatro cuestiones centrales de su política respecto a la Justicia:
*La designación de los jueces de la Corte Suprema (lo que probablemente acarree también los nombramientos del nuevo procurador general de la Nación).
*La implementación del sistema procesal acusatorio en la mayor cantidad de jurisdicciones posibles.
*La aprobación del proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad.
*La reducción a su mínima expresión de la burocracia en el Ministerio de Justicia y su periferia, como parte de la poda del gasto estatal.
Se trata de facetas de difícil concreción, que requerirán de mucha gestión y apoyo político.
El Gobierno cree que tiene ganado en el debate de la sociedad la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años de edad. Las encuestas y los focus groups muestran que penetró en el inconsciente colectivo la frase “delito de grande, pena de grande”. No obstante, no está claro cuándo el tema estará en condiciones de ser debatido en el Congreso.
Si la designación de los candidatos propuestos por el gobierno para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, se siguiera demorando, el máximo tribunal ingresaría en una situación crítica y, acaso, rayana en la paralización.
La Corte se integra con cinco jueces. Actualmente son cuatro, porque no se cubrió todavía la vacante que dejó en octubre de 2021 Elena Highton de Nolasco. Pero a fin de año serán tres, porque el gobierno ya le anticipó a Juan Carlos Maqueda que no pedirá la reválida de su mandato.
La mayoría para emitir fallo seguirá siendo de tres, de modo tal que cuando no haya unanimidad deberá recurrir a conjueces, lo que dificultará la ya paquidérmica circulación de expedientes.
En su último acuerdo, el máximo tribunal emitió 590 fallos. Es cierto que gran parte de ellos son cuestiones de competencia (si interviene el juez Juan o la jueza María), de honorarios de los abogados litigantes, remisiones a otros fallos y “planchas del 280”, un término del vocabulario judicial que indica que se cierran expedientes en apenas un par de párrafos declarando “inadmisibles” el ultimísimo recurso de apelación.
El promedio de fallos semanales de la Corte es de unos 300. Ello será imposible si el año próximo sólo quedaran tres jueces titulares.
La oposición, incluido el kirchnerismo, se mostró abierta a la posibilidad de avanzar con las propuestas de Lijo y García Mansilla, pero coló en la discusión la designación de un nuevo procurador que ponga fin al interinato eterno de Eduardo Casal.
Al principio de la gestión del ministro Mariano Cúneo Libarona circuló como candidato Marcelo Lucini, integrante de la Cámara del Crimen porteña, un magistrado impoluto que cuenta entre sus antecedentes el haber investigado y resuelto la causa por la tragedia de Cromañón.
Desde el macrismo impulsan a Juan Bautista Mahiques, pero su nombre causa sarpullido en el kirchnerismo. La negociación ni siquiera parece abierta. Ni para la Corte, ni para la Procuración.
El sistema acusatorio consiste en que sean los fiscales quienes investiguen los delitos penales y los jueces controlen la legalidad del proceso.
Varios jueces federales porteños, en especial Sebastián Casanello y Daniel Rafecas, ya lo aplican: delegan la investigación en los fiscales y se reservan para sí los actos procesales en los que su firma es imprescindible.
Con el apoyo público de la Corte, el sistema acusatorio está comenzando a tomar forma en Rosario, un distrito caliente por el narcotráfico y la violencia que de él se deriva. Pero en el resto del país la transición viene muy lenta.
El principal foco de resistencia al cambio son los propios jueces, que no se resignan a ser los “directores del proceso”, o sea tener la sartén por el mango.
El mayor éxito que exhibe el gobierno en el área de Justicia es el recorte de la burocracia estatal, lo que implicó cientos de cesantías y contratos sin renovar.
Arrecian las críticas de sectores sensibles de la sociedad que denuncian el desmantelamiento de programas de acompañamiento de delitos como los femicidios y la trata de personas.
Esta última faceta quedó en el centro de la atención a raíz de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino sobre quien no se tienen noticias desde hace más de tres semanas.
La decisión es seguir adelante. El mensaje hacia la sociedad –para que siga respaldando la aplicación de la motosierra- es que las áreas recortadas o eliminadas eran “antros” de supuesta corrupción del kirchnerismo avalada y propiciada por el ex presidente Alberto Fernández.
