Qué pasó. Mientras el Supremo Tribunal Federal brasileño anticipó que aplazó por cinco días el análisis de un caso que podría poner a Lula nuevamente en libertad, un tribunal de San Pablo decretó, entre otras medidas, el bloqueo de los bienes del presidente para el pago de una deuda millonaria.

Larga espera. El juez Marco Aurélio Mello, integrante del STF, había anticipado que este miércoles se analizaría si es constitucional detener a condenados en segunda instancia antes de agotar todos sus recursos en tribunales superiores, como es el caso de Lula.

Sin embargo, el martes por la noche anunció que suspendió el debate a pedido de un pequeño partido de extrema derecha (Partido Ecológico Nacional), que había solicitado revisar la medida en 2016. El motivo: en el PEN se dieron cuenta de que su acción podría liberar al ex mandatario.

Por qué lo embargaron. Por otro lado, la justicia paulista ordenó paralizar los bienes personales del ex presidente, los del instituto Lula y de la empresa L.I.L.S, encargada de la gestión de conferencias, para garantizar el pago de una deuda cercana a los 30 millones de reales (8,8 millones de dólares) con el Estado.