El futuro de la investigación por presunto lavado de dinero contra José Luis Espert dependerá de cómo se resuelva el pedido de inhibitoria que impulsaron sus defensores en el juzgado federal 8 de Comodoro Py, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
La justicia revisará su teléfono para analizar el vínculo con Fred Machado ¿Por qué la defensa del ex candidato está evaluando pedir la nulidad de los allanamientos? La jugada que puede estirar los tiempos.
El futuro de la investigación por presunto lavado de dinero contra José Luis Espert dependerá de cómo se resuelva el pedido de inhibitoria que impulsaron sus defensores en el juzgado federal 8 de Comodoro Py, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
Este planteo ingresó al expediente casi al mismo tiempo que el titular del juzgado federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenaba el registro y secuestro de bienes en los domicilios del ex candidato de La Libertad Avanza (LLA), en base a la denuncia de Juan Grabois.
Uno de los abogados de Espert, Santiago Kent, le dijo a A24.com que la pesquisa que se inició en 2021 en Capital Federal “tiene el mismo objeto procesal que la causa que tramita en el juzgado de San Isidro, razón por la cual, en resguardo de la prohibición constitucional del doble juzgamiento (non bis in ídem) debe ser un solo juez el que intervenga”.
Una situación que se repite es el intento por llevar a los tribunales de Comodoro Py las causas que involucran a la politica. Esta atracción quedaría a la vista de todos como una manera de dilatar los plazos del proceso. Del mismo modo podria evaluarse la jurisdicción donde cualquier denunciante elige hacer su presentación. Este dilema es el aparece en el caso de José Luis Espert.
En el mismo sentido, Kent señaló que tiene que quedar en manos de Martínez de Giorgi porque “el Código Procesal Penal impone de una forma muy clara que debe ser el que previno, es decir, el que tiene la causa más antigua”.
Fuentes judiciales confirmaron que desde Comodoro Py solicitaron una certificación del proceso que se sigue en San Isidro, por lo que en los próximos días el juez federal porteño estará en condiciones de resolver si se fundamenta la competencia para acumular ambos sumarios. Si se diera esa situación, Mirabelli debería enviarle sus actuaciones, pero si se opusiera, sería la Cámara Federal la responsable de dirimir la contienda entre ambas jurisdicciones.
En los procedimientos que se realizaron en la casa de Beccar de José Luis Espert y en su despacho del Congreso, la justicia federal de San Isidro secuestró al menos cuatro computadoras, tres teléfonos celulares, un pendrive y tres carpetas con documentación que la justicia consideró de interés para la investigación. La tarea de los peritos fue facilitada por la colaboración del ex candidato que entregó las claves de todos sus dispositivos.
En tanto, en Diputados fue el personal de seguridad el que acompañó a los encargados del allanamiento hasta la oficina de Espert, que había sido sellada con una faja oficial para preservarla ante el pedido de habilitación de registro y secuestro de bienes que ordenó el juez Mirabelli.
Uno de los abogados de Espert, Alejandro Freeland, fracasó en su intento por asistir a las actuaciones a pesar de que invocó el derecho de todo acusado de tener un defensor que lo acompañe.
El diputado de la LLA fue imputado por presunto lavado de dinero, a raíz de una denuncia de Juan Grabois donde lo acusa de haber recibido una transferencia de dinero de parte de Fred Machado, quien está a punto de ser extraditado a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Recordemos que después de varias idas y vueltas, Espert reconoció la transferencia de 200.000 dólares proveniente de una firma minera a una cuenta bancaria en Nueva York, a cambio de un asesoramiento integral.
Para avanzar con los allanamientos, el magistrado de San Isidro recibió la autorización de la Cámara Baja, que respaldó el pedido con el voto de 215 diputados, incluidos los de la LLA.
A todo esto, el abogado de Espert, Santiago Kent, advirtió que se trató de “una autorización viciada porque el juez la formuló en medio del secreto del sumario, razón por la cual sometió a la Cámara de Diputados a que se expida sin que se pueda saber lo que se pedía y los motivos para hacerlo”.
Kent agregó que se votó en el recinto de Diputados “sin darle previamente intervención a la Comisión de asuntos constitucionales… Este procedimiento es absolutamente inaceptable y lamentablemente todo lo que se haga a partir de ahí puede estar viciado de nulidad”.
En abril del 2021 el juez Marcelo Martínez de Giorgi inició una causa por los delitos de “encubrimiento, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación ilícita”, que surgió de una denuncia del abogado Adrián Bastianes.
El objeto de la sospecha son los 36 vuelos que realizó José Luis Espert durante su campaña presidencial en los aviones del empresario Fred Machado, cuando todavía no había sido requerido por la justicia de Estados Unidos por sospechas de narcotráfico.
Desde que se abrió el expediente en Comodoro Py declararon como testigos: pilotos, empleados y accionistas de las empresas propietarias de las aeronaves en las que viajó Espert durante 2019.
En marzo de este año, Espert hizo un descargo a través de un escrito que presentó el abogado Augusto Garrido, ligado al Estudio Cúneo Libarona, donde justificó solamente uno de los 36 vuelos que están bajo la lupa.
Altas fuentes judiciales señalaron que por ahora no se definió si Espert será llamado a explicar sus vínculos con Machado porque la justicia argentina no puede considerar que se trata de un narcotraficante o estafador hasta tanto resulte procesado o condenado en los tribunales de Estados Unidos.
Como parte de la causa que tramita en San Isidro, el juez Lino Mirabelli ordenó un allanamiento en la casa de Federico “Fred” Machado, donde la Policía Federal encontró en un tacho de basura una copia del supuesto contrato que firmó con José Luis Espert, por un millón de dólares.
El documento, que estaba roto y manchado, tiene fecha el 7 de junio del 2019, dos semanas antes de que Espert presentara su postulación a la presidencia por el partido UNIRTE.
El acuerdo figura a nombre de la compañía de Guatemala “Minas del Pueblo”, y consistía en el pago de 100.000 dólares en el momento de suscripción, y el resto en nueve cuotas mensuales mediante transferencia bancaria.
Fred Machado estuvo cuatro años con arresto domiciliario en Viedma, hasta que la Corte Suprema ratificó el fallo que habilitó su extradición, tras concluir que la justicia estadounidense cumplía con todos los requisitos de cooperación internacional.
Se enfrentará a la acusación de integrar una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico.
