El líder de ATE criticó la medida que anunció Sturzenegger, a quien le pidió que sea él quien se jubile junto a Milei y Luis Caputo. "Nos harían un gran favor a la sociedad", lanzó en diálogo con A24.
La respuesta de Aguiar a la intimación del Gobierno a empleados públicos para que se jubilen (Foto: archivo).
El líder de ATE, Rodolfo Aguiar, respondió sobre la reciente medida del Gobierno, que a través de la Resolución 3/2024 instó a 10.000 empleados públicos a que comiencen el trámite jubilatorio en un plazo máximo de 30 días. Según el sindicalista, uno de los más reactivos contra la Casa Rosada, esta es una medida de poco impacto.
“Quienes tendrían que jubilarse son Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y nos harían un gran favor a toda la sociedad”, sostuvo Aguiar sobre el Presidente, y los ministros de Economía y de Desregulación, con quienes tiene una larga disputa por las bajas en las filas públicas.
“En este caso, como en el 99% de los anuncios y medidas que realiza el Gobierno, ya existía con anterioridad. Es una estrategia de anuncios efectistas, que cada vez les funciona menos. Esta resolución cambia muy poco el procedimiento actual y tiene un impacto casi nulo a la hora de continuar con el pretendido recorte de la planta funcional del Estado”, aseguró el gremialista de ATE en su cuenta de X.
Luego, mediante un comunicado que difundió ATE, Aguiar agregó que “cada vez es más notorio que no quieren destruir el Estado, lo que quieren es moldear un Estado distinto que sólo sirva a los intereses de cuatro o cinco grandes grupos empresarios".
Y añadió: "El Gobierno sigue sumando puntos para que el paro de 36 horas sea contundente”.
La medida abarca, en específico, a los empleados de la “Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social” y el objetivo, según se indicó en la resolución, es “asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos” en el Estado.
También están comprendidos quienes trabajan en “entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones”.
