Ausentarse de la elección cuando un ciudadano es convocado como autoridad de mesa tiene consecuencias. Así lo dejó claro la jueza federal con competencia electoral, María Servini, cuando decidió llamar a indagatoria a 40 personas que dejaron plantados los comicios sin aviso.
Fueron denunciados por los delegados de la Junta Electoral que advirtieron las ausencias en los lugares de votación de Capital Federal, durante las PASO del 13 de agosto pasado.
El fiscal Ramiro González los imputó por incumplimiento del artículo 132 del Código Nacional Electoral, que prevé la pena de seis meses a dos años de prisión, a quienes habiendo sido designados para el desempeño de funciones durante el comicio, dejasen de concurrir al lugar donde debieran cumplirlas, o hicieran abandono de ellas.
Según A24.com pudo saber, los imputados que recibieron las notificación judicial presentaron abogado ante el tribunal, y solicitaron postergar la declaración indagatoria para preparar su descargo.
Las causas penales se iniciaron contra autoridades de mesas que se retiraron de su puesto sin avisar y nunca regresaron, o directamente no asistieron, sin justificar la falta. Estiman que habría más imputados, si no fuera porque los delegados que consiguieron reemplazar a los ausentes, dieron por terminado el asunto y no lo denunciaron.
Cuando un elector es nombrado presidente de mesa y no puede participar, está obligado a excusarse ante la justicia. Si se presentase un inconveniente el mismo día de la elección, debería acercarse a Tribunales para certificarlo.
En definitiva, ser presidente de mesa es una carga pública, que además es rentada, y en general, la justicia no plantea oposición si le avisan a tiempo las razones por las que se solicita la eximición.
Recordemos que solo en CABA se requieren autoridades para cubrir unas 8.770 mesas de votación, sobre un total de 104.577 en todo el país. Los presidentes de mesa, titulares y suplentes, deben estar presentes en la apertura, en el desarrollo, y en la clausura del acto electoral. A su vez, son los encargados de realizar el escrutinio.
Quienes hayan desempeñado esta función en las PASO, continúen en las Elecciones generales de este 22 de octubre, y eventualmente en una Segunda Vuelta, con curso de capacitación incluido, recibirán en concepto de viáticos un monto total de 48 mil pesos.
Cuando alguno de los convocados pretenda renunciar a esta carga pública, deberá solicitarlo ante el Sistema de Excusaciones de Autoridades de Mesa. Luego la Justicia Electoral definirá si la acepta o la rechaza. Las causas posibles son enfermedad, acompañada con un certificado médico; fuerza mayor; o desempeñar funciones en un partido político.
El incumplimiento del Código Nacional Electoral puede derivar en una causa penal que llevará adelante la justicia con competencia electoral. Los delitos y sanciones electorales previstas por la Ley 19945 son los siguientes:
Por otra parte, la norma describe una serie de faltas, que si bien cumplen los mismos requisitos de un delito, se consideran de menor gravedad. No obstante, para las faltas también hay previstas sanciones:
A la hora de la verdad, muchas de estas sanciones terminan por no aplicarse ante la ausencia de denuncias. Asimismo, si el denunciado no tuviera antecedentes penales, cualquier condena podría quedar en suspenso.
En cuanto a los montos de las multas, los mismos funcionarios judiciales admiten que quedaron desactualizadas por la inflación. Como sea, en Tribunales coinciden en que el propósito del legislador al sancionar la norma fue regular el libre ejercicio de la Elección, y que vale la pena aplicarlo, sin ánimo de persecución, cuando ese derecho pueda verse alterado.
