La decisión fue tomada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes.
El exdiputado José Luis Espert, procesado por el presunto delito de lavado de dinero (Foto: gentileza HCD).
La Justicia federal procesó este jueves al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le prohibió salir del país. La decisión fue tomada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes.
La causa investiga una transferencia de US$200.000 que Espert recibió en 2020 y que está vinculada con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por sus conexiones con delitos financieros y actividades relacionadas con el narcotráfico en Estados Unidos.
Según la investigación, el dinero habría sido enviado en el marco de un supuesto contrato de asesoramiento para la empresa minera Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y vinculada a Machado. La Justicia busca determinar si los fondos tenían un origen ilícito y si fueron incorporados al circuito económico mediante operaciones destinadas a darles apariencia legal.
Uno de los puntos centrales del expediente es establecer si existió una prestación efectiva de servicios que justificara el pago y reconstruir el recorrido posterior del dinero.
El vínculo entre Espert y Machado ya había quedado bajo la lupa por el apoyo que el empresario le brindó al dirigente liberal durante la campaña presidencial de 2019. La defensa del exdiputado rechazó las acusaciones y sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de consultoría. Espert también había cuestionado distintas medidas de prueba y reclamado el cierre de la investigación.
Sin embargo, el martes pasado, la Cámara Federal de San Martín rechazó planteos de nulidad presentados por su defensa y ratificó la continuidad de la pesquisa.
Con el procesamiento, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para avanzar en el proceso por presunto lavado de activos. La medida no equivale a una condena definitiva: la responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las pruebas y las instancias judiciales correspondientes.
La causa continúa en trámite, mientras permanecen vigentes el embargo y la prohibición de salida del país dispuestos por el juez.
El juez de San Isidro, Lino Mirabelli, entiende que hay elementos de peso para imputarlo como presunto autor del delito de lavado de activos, en una causa que investiga una transferencia de US$ 200.000 que recibió en 2020. Ese dinero provendría de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y blanqueo de capitales. El juez le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país.
La investigación apunta al origen de los US$200.000 que ingresaron a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos mediante una transferencia realizada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., compañía vinculada a la red empresarial de Machado.
El exlegislador justificó el dinero con un supuesto contrato de asesoramiento para Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala relacionada con el empresario. Sin embargo, la fiscalía considera que ese acuerdo habría sido una simulación para darle apariencia legal a fondos de origen ilícito.
El fiscal federal Fernando Domínguez sostuvo que los servicios de consultoría nunca se habrían prestado. Entre los elementos que despertaron sospechas, la investigación señala que Espert no viajó a Guatemala y que las minas mencionadas en el contrato no estaban en actividad.
José Luis Espert era diputado liberal y aliado al gobierno. Presidía la importante comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, cuando estalló el caso. Pese a sus negativas, la causa avanzo y debió renunciar a su candidatura para ser reelecto y luego, a su condición de diputado de la Nación.
Según la hipótesis fiscal, el dinero habría sido incorporado al circuito económico mediante distintas operaciones para ocultar su procedencia. Entre ellas, se encuentran la compra de un BMW y de un Lexus RX 350, valuado en aproximadamente US$130.000, además de la participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
La fiscalía sostiene que esas operaciones forman parte de una maniobra destinada a blanquear los fondos recibidos de la estructura vinculada a Machado. El empresario fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con fraude y lavado de activos.
La resolución judicial alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario del delito de lavado de activos. El magistrado dispuso para él un embargo de $700 millones.
Además, la sociedad familiar Varianza SA quedó alcanzada por un embargo de $500 millones.
La decisión representa un nuevo avance en una causa que puso bajo la lupa los movimientos patrimoniales del exdiputado y su relación con Machado, quien ya había mantenido vínculos con Espert durante la campaña presidencial de 2019.
