El Ejecutivo argumenta que el sistema vigente desde los años 90 limitaba la gestión económica de las instituciones y terminaba encareciendo las cuotas para las familias.
La decisión del Gobierno que afectará las cuotas de los colegios privados
El Gobierno nacional oficializó este martes la desregulación de los aranceles en los colegios privados del país. A partir de ahora, las instituciones educativas de gestión privada podrán fijar libremente los valores de las cuotas y matrículas sin necesidad de solicitar autorización previa al Estado, una exigencia que regía desde hace más de tres décadas.
La medida quedó establecida en el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y los ministros correspondientes.
La norma establece la derogación del Decreto N° 2417/1993, que regulaba las condiciones de fijación y comunicación de los aranceles por parte de los establecimientos privados. Ese decreto complementaba al Decreto N° 2542/1991, que había creado un sistema de financiamiento para garantizar la calidad educativa y el acceso a la enseñanza en colegios de gestión privada que reciben aportes estatales.
Sin embargo, según argumenta el Gobierno en los considerandos, la normativa vigente presentaba “limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”. Es decir, el marco regulatorio había quedado desfasado respecto de la situación actual del sistema educativo, especialmente tras la transferencia de la gestión de la educación a las provincias.
Uno de los puntos que el Ejecutivo señala como problemático es la exigencia de las instituciones de presentar las cuotas con anticipación y obtener autorización oficial para aplicar modificaciones. Según el texto oficial, este esquema generaba dos efectos negativos.
Por un lado, restringía la capacidad de los establecimientos para responder a variaciones en los costos, como salarios, servicios o insumos. Por el otro, obligaba a los colegios a fijar cuotas más altas desde el inicio del ciclo lectivo, por temor a no poder ajustarlas en caso de aumentos de costos no previstos.
Esto, según el Gobierno, terminaba perjudicando también a las familias, que debían afrontar aranceles elevados desde principio de año, muchas veces sin necesidad real. “Este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”, señala el decreto.
La administración nacional también sostiene que este sistema impactaba en la sostenibilidad económica de los establecimientos privados, y por extensión, en la calidad del servicio educativo que brindan. Según se expresa, la incapacidad de adaptar los valores de las cuotas a los costos reales podía derivar en precarización de la calidad educativa, debido a que los colegios no contaban con flexibilidad para sostener salarios y gastos operativos de manera adecuada.
En ese marco, la medida apunta a un modelo basado en la libertad de contratación entre las instituciones y las familias. “El principio de libre contratación debe ser resguardado”, afirma el decreto, que propone permitir que las escuelas definan sus propias políticas de precios, en un esquema de competencia entre establecimientos y en función de la demanda.
No obstante, la medida no implica el fin del sistema de financiamiento estatal. El Decreto 787/2025 instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto N° 2542/1991 y elevar una propuesta de modificación. Es decir, el Gobierno avanza hacia una actualización general del sistema que regula la relación entre el Estado y los colegios de gestión privada.
La norma aclara que el cambio entra en vigencia desde su publicación. A partir de ese momento, los colegios privados podrán establecer sus cuotas sin aprobación previa, aunque continúan obligados a comunicar sus condiciones contractuales a las familias.
La decisión se da en un contexto de fuerte discusión sobre el financiamiento educativo y el rol del Estado en la regulación del sistema privado. Mientras el Gobierno plantea que la desregulación permitirá mayor flexibilidad y eficiencia económica, sectores vinculados a la educación ya anticipan debates acerca de su impacto en el acceso y en la equidad dentro del sistema.
En lo inmediato, las instituciones educativas cuentan ahora con autonomía para definir sus aranceles. El desarrollo de esta medida en los próximos meses será clave para evaluar sus efectos tanto en la estructura de costos de los colegios como en la economía de las familias que los eligen.
