La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia se hizo presente en un plenario de las comisiones. El objetivo del Gobierno es llevar el proyecto al recinto para una sesión especial el próximo 21 de octubre.
La secretaria Legal y Técnica de Presidencia, María Ibarzábal Murphy (Foto: Cámara de Diputados).
La Cámara de Diputados volvió a discutir este miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía en un plenario que reúne a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. En lo que fue la tercera reunión informativa, se hizo presente María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, quien expuso ante los legisladores.
En medio de un tenso debate con la oposición, que rechazaba iniciativas como la venta de ciudadanía a extranjeros que inviertan más de 100.000 dólares en el país, la funcionaria defendió el proyecto enviado por Javier Milei al Congreso.
La funcionaria, como encargada de escribir todos los proyectos de ley y decretos firmados por Milei, advirtió que “todos estos avances dañan, como todos sabemos, nuestro reclamo soberano, y por eso es tan importante ponernos de acuerdo, encontrar un consenso para poder avanzar en este proyecto de ley que nos posiciona de una forma más firme en la defensa de nuestro territorio”.
“Sea Lion tomó hace unos meses el proyecto que intenta pasar a la fase de explotación. Es importante hacer foco en esto para sentar precedentes y frenar otros proyectos que vienen detrás”, dijo Ibarzábal.
También se refirió a que en el “marco de las islas no solo se están explotando recursos hidrocarburíferos, sino también pesqueros y del oro, licencias que se otorgan por 25 años” sin autorización de Argentina.
Ibarzábal explicó que "el proyecto se estructura en tres pilares: primero, castigar a quienes explotan de manera ilegítima; el segundo es dotar de acciones concretas; y el tercero, dotar al Estado de herramientas concretas para hacerlo”.
“Para poder defender las islas y que esos proyectos no avancen, necesitamos las competencias y facultades para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra. Darle contenido a las relaciones con el resto del mundo y que nos tomen en serio”, señaló.
La funcionaria defendió la creación del Consejo de Seguridad Nacional, cuestionado por la oposición, ya que centralizará todas las decisiones en el Presidente. Ibarzábal también explicó el "nuevo concepto de seguridad nacional" que, dijo, "tiene que integrar la economía porque tener déficit cero es parte de la seguridad nacional; tener un régimen como el RIGI y superávit también nos permitirá fortalecer nuestras Fuerzas Armadas”.
Ibarzábal expresó que el actual “sistema de seguridad nacional hoy no está a la altura de las amenazas globales” y por eso justificó la nueva reglamentación que modifica, según cuestiona la oposición, las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, habilitando el accionar de las FF.AA. y de la SIDE en la investigación de supuestas amenazas internas y externas.
Agregó que “las amenazas hoy no solamente son las guerras tradicionales, sino que pueden ser las amenazas de todo tipo, incluida la injerencia extranjera, ciberataques, entre otras muchas formas. Siguen siendo amenazas externas y necesitamos fortalecer nuestro sistema jurídico, que ha quedado con una mirada muy antigua respecto al orden mundial de hoy”.
Ibarzábal resaltó que “el régimen de derribo no es una pena de muerte, sino la reglamentación legal para actuar ante una amenaza concreta. Lo tienen los países más importantes del mundo”.
A partir de esto, según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, el objetivo del oficialismo es avanzar en Diputados con el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía y lograr un dictamen de mayoría para llevar el proyecto al recinto en una sesión especial el 21 de octubre.
Este proyecto se suma a la estrategia de revitalizar otra iniciativa, como la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, pero que el Gobierno había retirado del debate en medio de las masivas protestas contra la modificación de la Ley de Tierras.
En su primera reunión, el miércoles pasado se hicieron presentes Paula Tadei, funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; y Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.
Y en su segunda reunión, realizada este martes, se hicieron presentes invitados de la oposición, entre ellos Daniel Filmus, Guillermo Carmona, Jerónimo Guerrero Iraola y Paula Litvachky.
La iniciativa impulsada por el Gobierno plantea reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra quienes participen de la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto establece penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones y un registro público de infractores. Las restricciones ya no alcanzarían únicamente a los hidrocarburos, sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
Además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendría facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.
El proyecto también contempla acciones militares y sanciones concretas ante amenazas consideradas graves e inminentes y un reglamento especial para que las FF.AA. actúen directamente ante la posibilidad de una guerra, el bloqueo temporal de fondos, restricciones financieras y comerciales y la suspensión de determinadas autorizaciones.
A su vez, incorpora la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles como último recurso dentro de un protocolo específico y la detención de personas consideradas “sospechosas” de cometer ciberdelitos o actos o financiamiento de terrorismo.
Habilita a las FF.AA. y de seguridad a custodiar infraestructura de recursos críticos como energéticos, de comunicación, públicos o privados.
Otro de los puntos establece restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas electorales e incorpora nuevos delitos vinculados como espionaje, operaciones clandestinas de comunicación, desinformación, violencia y sabotaje.
