Excombatientes de Malvinas, centrales sindicales y organizaciones sociales impulsan una movilización tras el reciente fallo de la Corte Suprema vinculado con la derogación de la Ley de Tierras. Los detalles de la convocatoria.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores encabezarán una protesta frente a la Corte Suprema. (Foto: archivo)
Ex combatientes de Malvinas, centrales sindicales y organizaciones sociales se movilizarán este martes 6 de octubre frente al Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para expresar su rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema vinculado con la derogación de la Ley de Tierras.
La convocatoria fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y cuenta con el acompañamiento de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y otras organizaciones gremiales y sociales.
La concentración está prevista para las 15 en Plaza Lavalle, frente a la sede de la Corte Suprema. Hasta el momento, los organizadores no informaron el horario de finalización de la jornada.
Bajo la consigna “La patria no se vende, la soberanía tampoco”, los convocantes buscarán visibilizar su rechazo a la decisión adoptada por el máximo tribunal en una causa relacionada con la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
El CECIM de La Plata será uno de los principales actores de la protesta. La organización tuvo un rol central en el expediente judicial que derivó en el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema.
A la convocatoria también adhirieron la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, además de otras entidades sindicales, sociales y políticas que acompañarán la manifestación frente a Tribunales.
Los organizadores difundieron la convocatoria en los últimos días y llamaron a participar de la movilización para reclamar por la defensa de la soberanía nacional y el control de las tierras rurales.
La marcha fue convocada después de que la Corte Suprema revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
El máximo tribunal hizo lugar a un recurso presentado por el Estado Nacional y dejó sin efecto esa resolución. Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada, sino que resolvió el caso al considerar que el CECIM carecía de legitimación para impulsar la acción judicial.
La organización había promovido un amparo para cuestionar la derogación de la Ley 26.737, una normativa que regulaba la posesión y titularidad de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, fijaba límites a la propiedad y posesión de tierras rurales en manos extranjeras.
Entre sus disposiciones más relevantes, establecía un tope del 15% para la titularidad extranjera sobre el total de las tierras rurales del país. Además, contemplaba restricciones para personas o empresas de una misma nacionalidad y para un mismo titular extranjero.
Esa legislación fue derogada por el artículo 154 del DNU 70/2023, uno de los puntos que motivó el reclamo judicial impulsado por el CECIM y que ahora vuelve al centro del debate con la movilización convocada frente a Tribunales.
