Un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto comenzó a analizar el proyecto de ley del Gobierno que amplía las sanciones por la explotación de recursos en las islas. Cuáles son los puntos que generan polémica.
Diputados empieza a debatir la Ley de Defensa de la Soberanía (Foto: archivo).
Diputados abrirá este miércoles el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno, una iniciativa que endurece las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina.
El proyecto es analizado desde las 12 en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. La primera reunión será de carácter informativo y contará con la exposición de funcionarios y especialistas.
El oficialismo trabaja con un cronograma acelerado. La intención es volver a reunir a las comisiones el martes 6 de octubre para intentar emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, en una sesión que también podría incluir proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento.
En esta primera audiencia fueron invitados a Paula Tadei, subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Nación; y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía.
El oficialismo confía que tendrá los votos para aprobarla, aunque desde algunos sectores de la oposición se declararon en alerta por el punto que reforma el Código Penal y fija penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación.
Desde distintos sectores de la oposición anticiparon su apoyo al capítulo I del proyecto que impulsa la derogación de la Ley 26.659 y que amplía las sanciones por la exploración de hidrocarburos de las Islas Malvinas, y lo extiende a todos los recursos naturales explotados sin autorización argentina.
La nueva iniciativa amplía el alcance a recursos naturales, tanto renovables como no renovables, e incluye a pesca, turismo, explotación y exploración de minerales e hidrocarburos. El texto establece sanciones administrativas y comerciales para las personas y empresas que incumplan la normativa.
También crea un Registro Público de Infractores, que tendrá consecuencias sobre la posibilidad de contratar con el Estado y de desarrollar determinadas actividades económicas en el país.
El capítulo penal es uno de los aspectos centrales de la iniciativa: el proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen de determinadas actividades de exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de recursos en las zonas reclamadas por la Argentina. También alcanza a quienes colaboren con esas operaciones.
A su vez, incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos contemplados por el nuevo régimen. La herramienta apunta a permitir el avance de procesos judiciales aun cuando los acusados se encuentren fuera del territorio argentino.
Más allá del régimen específico para las actividades económicas en las islas, la iniciativa incorpora un conjunto de modificaciones vinculadas con la seguridad y la defensa nacional y crea un nuevo "sistema de seguridad nacional" con acciones concretas para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas, de seguridad y la SIDE, sin intervención previa judicial.
Entre ellas figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
El Consejo, de aprobarse la ley, tendrá como objetivo concentrar y coordinar la acción del Estado frente a amenazas a la seguridad nacional que involucren dimensiones diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia. El proyecto también contempla mecanismos de protección de infraestructura crítica.
Ante situaciones consideradas graves e inminentes, el esquema propuesto contempla la expulsión, detención, y el congelamiento de patrimonio y de operaciones financieras y cambiarias, fondos y activos, autorizaciones, contratos y comercio exterior contra las personas, organizaciones, empresas o estados que sean considerados por el Gobierno como "sospechosos" de maniobras que atenten contra la seguridad del país.
El alcance de esas atribuciones, la participación de Fuerzas Armadas y de la SIDE en Seguridad Interior y las dudas sobre la definición del concepto de "amenaza" sin mención de intervención judicial, son los puntos que concentran las críticas de la oposición, que adelantó su rechazo al proyecto.
El debate se desarrollará en medio de la polémica desatada por el e fallo de la Corte Suprema, que ayer revocó el fallo que había declarado inconstitucional el DNU de Milei sobre la Ley de Tierras Rurales.
Desde la oposición, uno de los más críticos fue el diputado radical Pablo Juliano, quien salió a cuestionar el fallo. "Justo hoy Diputados empieza a debatir la Ley de Soberanía del Gobierno, con Malvinas como bandera", señaló el diputado, y recordó que "el Senado rechazó el DNU 70/23 hace más de dos años" y reclamó que ahora, en Diputados, "tenemos que hacer lo mismo". En ese sentido, llamó a convocar a una sesión para derogar aquel DNU.
Con la misma postura coincidieron diputados del bloque de Unión por la Patria y de la izquierda, encabezada por Myriam Bregman, que convocaron a una movilización para rechazar ambas normas.
