Si al hablar de educación pública exigimos evaluar a los docentes, ¿por qué jamás ningún político habló de evaluar a los jueces para reforzar el derecho a la justicia del pueblo?
Lamentablemente, el tema tampoco estaría siendo considerado en esta oportunidad: el mandato de la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso sancione una nueva ley no fue suficiente. Ningún proyecto presentado hasta la fecha, sin distinción de bloque o color político, parece interesado en que los jueces rindan exámenes.
Lo más triste de todo es que existen ejemplos en nuestra propia América Latina donde ello ya es un hecho: cada siete (7) años, el Consejo de la Magistratura peruano ratifica a aquellos jueces idóneos que demuestren méritos y una adecuada producción jurisdiccional –cantidad razonable de sentencias, ausencia de demoras injustificadas, revocaciones de instancias superiores, etc. Los que no, tendrán el reingreso vetado a sus funciones. En Paraguay, los jueces son inamovibles por cinco (5) años; la confirmación en sus cargos les exige concursar nuevamente de acuerdo a lo establecido por la Constitución.
Ejemplos sobran… Tal vez, las diferencias se posen sobre el verdadero significado de la justicia… Tal vez, algunos o muchos, no estén buscando jueces probos e independientes sino cómplices en la defraudación popular.
(*) El autor es Mg. en Administración Pública y especialista en temas de Consejo de la Magistratura
