Los nuevos convenios colectivos de trabajo contemplan cambios establecidos por la ley de reforma laboral y alcanzan al sector rural y las industrias aceitera, textil, indumentaria, lechera, del caucho, alimenticia, transporte, estaciones de servicio, educación privada, propiedad horizontal, medios de comunicación y servicios sanitarios.
El gobierno homologó la renegociación de 19 convenios colectivos de trabajo que entrarán en vigencia en diciembre con la reforma laboral. Foto: Archivo,
El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles la homologación de 19 nuevos acuerdos colectivos de trabajo, negociados entre empresas y sindicatos en el marco de la ley de Negociación Colectiva N° 14.250, medida que el Gobierno calificó como "un paso concreto en la implementación de la reforma laboral".
El anuncio se produjo este miércoles, en medio de la discusión pública que pone en foco la baja del poder adquisitivo de los salarios y el endeudamiento de las familias asalariadas, y la paulatina caída en los índices de empleo. Sin embargo, fuentes del Gobierno aclararon a A24.com que la medida no incluye la posibilidad inmediata de reapertura de negociaciones paritarias.
Desde la cartera que encabezada por la ministra Sandra Pettovello, señalaron en un comunicado que "es un paso concreto en la implementación de la reforma laboral" y destacaron que es "el inicio de una nueva etapa con herramientas dinámicas" para el mundo laboral.
En ese marco, el Gobierno anunció que los acuerdos cerrados abarcaron distintos sectores productivos y de servicios, y marca el inicio de una "nueva etapa en la que trabajadores y empleadores cuentan con herramientas modernas para adaptarse a los desafíos de un mercado laboral dinámico".
La medida se conoce luego de que el Gobierno postergara mediante el Decreto 1228/2026 la entrada en vigencia del nuevo sistema de la reforma laboral hasta el 1 de diciembre de 2026, en medio de nuevas prórrogas al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y fallos judiciales que suspendieron artículos clave.
El Ejecutivo pospuso el inicio del sistema general del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2026 mediante el Decreto 1228/2026, con el fin de terminar de adecuar la infraestructura operativa.
En cuanto a la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Gobierno decidió postergar su implementación para aliviar tensiones fiscales, ya que el Ministerio de Economía argumentó un bache financiero importante al dejar de percibir parte de esos aportes para la ANSES.
En tanto, tras varias medidas cautelares presentadas por la CGT y algunos gremios para que la Justicia declare inconstitucional algunos artículos de la norma, la semana pasada se sumó otra decisión del juez Martín Cormick, quien dictó una medida que suspendió temporalmente los artículos 10 y 56 de la ley 27.802 de modernización laboral, que regulaban la responsabilidad de los abogados en juicios y las condiciones de pago de sentencias y honorarios.
La normativa prevé que las grandes empresas puedan abonar condenas en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las PyMEs e individuales disponen de hasta 12 cuotas.
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informó que se homologaron 19 acuerdos colectivos en distintos sectores productivos y de servicios entre organizaciones sindicales y representantes del sector empleador, en lo que el gobierno calificó como "una política orientada a fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores" para "generar condiciones de mayor previsibilidad para el desarrollo de la actividad económica y la paz social".
Según la información, a la que tuvo acceso A24.com, las disposiciones emitidas por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, comprenden acuerdos en sectores como la actividad rural, la industria aceitera, textil, indumentaria, lechera, del caucho y alimenticia. Así como en transporte, estaciones de servicio, educación privada, propiedad horizontal, medios de comunicación y servicios sanitarios, entre otros.
Entre los acuerdos homologados se destacan los alcanzados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) con las entidades representativas del sector agropecuario, entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con la adhesión de la Federación Agraria Argentina.
Asimismo, se homologaron acuerdos correspondientes a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, junto con las cámaras empresarias de la industria aceitera y de biocombustibles; la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH); y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).
En el ámbito de los servicios y otras actividades, se homologaron acuerdos entre organizaciones sindicales y entidades empleadoras vinculadas con la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, las estaciones de servicio, los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires y los medios de comunicación.
También se formalizaron acuerdos correspondientes a la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica y publicitaria, la industria de pastas alimenticias, el sector del caucho y otras actividades.
"Estas homologaciones se enmarcan en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 y constituyen una herramienta institucional para formalizar los consensos alcanzados entre trabajadores y empleadores", señalaron desde el ministerio de Pettovello.
El Gobierno oficializó este mismo miércoles en el Boletín Oficial, la renuncia de Claudia Testa como subsecretaria de Relaciones del Trabajo y designó en su reemplazo a Mariano Sartoris, como parte de una reestructuración en el Ministerio de Capital Humano.
La salida de Testa rige desde el 5 de octubre y la designación de su reemplazo corre a partir del 6 de octubre, pero se formalizó este miércoles a través del Decreto 1150/2026.
"Desígnase, a partir del 6 de octubre de 2026, en el cargo de subsecretario de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano al abogado Mariano Mauro Sartoris", establece el texto oficial.
Sartoris venía desempeñándose como titular de la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, también dependiente de Capital Humano. Antes de llegar al Gobierno nacional, había ocupado funciones en la administración porteña y en el área de relaciones laborales de la Cámara de Diputados.
