Diputados eliminó el artículo más polémico para conseguir los votos necesarios, por lo que el proyecto deberá volver a la Cámara alta antes de convertirse en ley.
El Gobierno logró la sanción de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados y ahora el proyecto vuelve al Senado. (Foto: Reuters)
La Cámara de Diputados introdujo cambios clave en el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional, lo que obliga a que la iniciativa regrese al Senado para su aprobación total. El oficialismo logró avanzar con la votación en la madrugada del viernes tras aceptar la eliminación de uno de los artículos más cuestionados.
Horas más tarde, el proyecto logró dictamen en comisiones del Senado y -finalmente- será debatido en el recinto principal de la Cámara alta el próximo viernes 27 de febrero, para darle allí una sanción definitiva.
La modificación del artículo 44 fue considerada un gesto político para destrabar el apoyo de bloques aliados y gobernadores, en un contexto de fuertes críticas sindicales y tensiones en el Congreso. Durante la madrugada, con 135 votos afirmativos, el oficialismo consiguió una victoria parcial, aunque ahora deberá negociar nuevamente en la Cámara alta si pretende convertir el proyecto en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.
El cambio más significativo fue la supresión del artículo 44, que regulaba el régimen de licencias por enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. Este punto había generado un fuerte rechazo por parte de la oposición, gremios y organizaciones laborales, que advertían sobre un posible recorte de derechos.
Justamente, ayer jueves la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general en el país contra la normativa.
El artículo 44 fue el centro de la controversia desde el inicio del debate. La propuesta establecía que, en caso de enfermedad o accidente ajeno al trabajo, el trabajador cobraría solo una parte de su salario durante la licencia médica.
Según el texto aprobado originalmente por el Senado, los empleados percibirían el 50% de su sueldo si la incapacidad para trabajar derivaba de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud, como por ejemplo, practicar deportes.
En cambio, cobrarían el 75% si la enfermedad o el accidente eran imprevistos.
Este esquema se aplicaría durante tres meses si el trabajador no tenía familiares a cargo, y hasta seis meses en caso de tenerlos.
Los gremios, por su parte, advirtieron que la medida podía afectar a trabajadores con enfermedades graves, tratamientos prolongados o recaídas, como cáncer u otras patologías crónicas.
Uno de los aspectos más cuestionados era que no se diferenciaban enfermedades leves de cuadros complejos, lo que podía generar situaciones de vulnerabilidad económica para los empleados.
El proyecto que había llegado a Diputados contemplaba cambios en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí se establecía que, ante enfermedades o accidentes inculpables, el trabajador percibiría un porcentaje de su remuneración dependiendo de las circunstancias.
“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo
De los accidentes y enfermedades inculpables
Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.
Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.
El oficialismo entendió que sin cambios el proyecto corría riesgo de ser rechazado. En este contexto, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, anunció la eliminación completa del artículo para ampliar consensos.
Esta decisión permitió sumar votos de aliados que reclamaban una redacción más equilibrada. La supresión del artículo 44 fue clave para que el proyecto avanzara en la Cámara baja, aunque el costo político fue tener que reabrir el debate en el Senado.
Gobernadores de distintas provincias volvieron a jugar un rol determinante, respaldando la estrategia del Gobierno para avanzar con la reforma.
El objetivo del Ejecutivo es lograr una sanción definitiva antes del 1 de marzo, cuando el presidente Javier Milei brindará su discurso de apertura de sesiones.
El regreso del texto al Senado es un paso obligatorio en el proceso legislativo cuando una de las cámaras introduce modificaciones. La Cámara alta deberá aceptar o rechazar los cambios realizados por Diputados.
Si el Senado avala la nueva versión, la reforma quedará aprobada. En caso contrario, el proyecto podría quedar trabado o volver a negociaciones.
En este contexto, la negociación política será clave en los próximos días, ya que el oficialismo busca consolidar su agenda de reformas estructurales.
La modernización laboral es uno de los pilares del programa económico del Gobierno. Desde la Casa Rosada sostienen que los cambios buscan flexibilizar el mercado de trabajo, promover el empleo formal y reducir la litigiosidad.
Sin embargo, sectores opositores consideran que la reforma implica un retroceso en derechos laborales y un debilitamiento de las protecciones vigentes.
El debate también se dio en un escenario de conflictividad social, con movilizaciones, protestas y paros convocados por centrales sindicales.
En este marco, la discusión sobre licencias médicas se convirtió en un símbolo de la disputa entre el Gobierno y el movimiento obrero.
Desde la CGT y otras organizaciones sindicales advirtieron que la reforma laboral podría precarizar el empleo. Consideran que la eliminación del artículo 44 es un triunfo parcial, pero alertan que el proyecto incluye otros puntos polémicos.
Entre ellos, mencionan la flexibilización de contratos, cambios en indemnizaciones y nuevas modalidades de contratación.
La oposición, por su parte, cuestionó la urgencia del debate y reclamó mayor diálogo social.
Algunos legisladores advirtieron que el Gobierno busca imponer cambios sin consenso, mientras que otros señalaron la necesidad de modernizar el marco laboral.
