Interna en el Gobierno

Restricciones, tarifas y nuevo IFE: preocupan a La Cámpora los tiempos de Alberto para tomar decisiones

O bien las medidas no llegan a tiempo o llegan "antes". La discusión por tarifas como síntoma de un problema mayor.
por Nicolás Poggi | 02 de mayo de 2021 - 22:17
Alberto Fernández junto a Martín Guzmán. (Foto: archivo)

Alberto Fernández junto a Martín Guzmán. (Foto: archivo)

Dentro del Frente de Todos llueven las críticas al Presidente por los tiempos de la gestión. Lo que empezó como una crítica sectaria por el tinte "alfonsinista" de su gobierno desembocó después en un cuadro de guerra (¿fría?) con acusaciones cruzadas y reproches. El kirchnerismo duro (especialmente La Cámpora) le reclama a Alberto Fernández más agilidad en la toma de decisiones, mayor dureza a la hora de plantear restricciones para contener la pandemia, aportes económicos para que la gente "se quede en casa" y mayor dureza para enfrentarse a los grupos económicos. Las críticas son cada vez menos solapadas.

Dos cortocircuitos recientes grafican la tensión existente en el interior del Frente de Todos a la hora de planificar la gestión diaria. Toda dinámica de coalición de gobierno presenta este tipo de inconvenientes (también los tuvo Cambiemos, que debió conciliar entre un sector ortodoxo -el Pro- y un ala más moderada -los radicales-). En el actual experimento del peronismo en el poder, los polos que por momentos emergen en posiciones contrapuestas son los del Presidente (y su mesa chica) y el kirchnerismo referenciando (y conducido por) la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los últimos dos casos de divergencias son bien distintos pero tienen a algunos protagonistas que los atraviesan transversalmente. Y ambas tramas parecen tener un denominador común, que es por otro lado un dilema que recorre a buena parte del mundo: cómo gestionar económicamente una pandemia de la que casi no se tienen antecedentes en el siglo XX.

Ese mapa de situación llevó a que La Cámpora, como uno de los dos polos en conflicto -formateada para ser relevo ante cualquier recambio en el Gobierno y programada para disputar el poder en 2023-, no esté conforme hoy con el timing del Presidente a la hora de anunciar y poner en marcha medidas necesarias para paliar la emergencia.

El primer ejemplo. Antes del anuncio del cierre nocturno del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la suspensión de la presencialidad en las escuelas, los intendentes del PJ del Conurbano le pedían a la Casa Rosada la puesta en marcha de compensaciones económicas para los sectores populares que se verían afectados por el cierre (y que son la gran mayoría).

IFE - Alberto Fernández
Alberto Fernández. (Foto: archivo)

Alberto Fernández. (Foto: archivo)

La respuesta del Gobierno fue negativa. “No definen”, se quejaban por entonces ante A24.com en uno de los municipios comandados por La Cámpora. Si bien el Poder Ejecutivo instrumentó el Repro y aumentos en la Asignación Universal por Hijo (AUH), no volvió a implementarse el IFE o el ATP, dos medidas que habían sido puestas en marcha el año pasado con buenos resultados para la población. El ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó más de una vez el retorno de esa clase de asistencia. Imposible con las negociaciones avanzadas con el FMI.

El segundo caso estalló sobre el final de la semana pasada y también tiene como protagonista a Guzmán. Una diferencia de criterio con el kirchnerismo sobre el aumento de tarifas habría llevado al ministro de Economía a pedir la renuncia de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía, en una pulseada que terminó ganando (por ahora) el kirchnerismo.

Se sabe: Guzmán representa al ala más ortodoxa del Gobierno. El ministro de Economía solía repetir, en algunas bajadas que hizo al territorio en tono de campaña, que pretender la reducción del déficit fiscal “no es de derecha”. Por eso busca ahora segmentar los aumentos de tarifas para que los subsidios no sean planos sino que se dirijan exclusivamente a los sectores más perjudicados.

Según el criterio de Guzmán, Basualdo no avanzó en esa tarea, y por eso pidió su salida. Pero como en una coalición no pueden tomarse decisiones sin alterar al resto, se encontró con la resistencia de Cristina y Máximo Kirchner, jefes políticos del funcionario. Tuvo que terciar Alberto Fernández para mantener la armonía.

Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso. (Foto: Telam)
Alberto Fernández junto a CFK. (Foto: Télam)

Alberto Fernández junto a CFK. (Foto: Télam)

Hoy La Cámpora está dedicada a cerrar el grifo de las filtraciones y a negar la existencia de esa interna. El hermetismo responde a una de las mayores obsesiones del Frente de Todos: los medios. “Las operaciones de prensa no contribuyen a conducir la política sectorial en un momento tan delicado para el país”, dejaron trascender cerca de Máximo en las últimas horas.

Y en el Instituto Patria tampoco gustó que el supuesto ultimátum de Guzmán circulara por los medios. El propio Máximo ya había criticado a los intendentes del Conurbano por hacerle “operaciones” en momentos en que buscaba instalarse como nuevo presidente del PJ Bonaerense. La misma cerrazón se observa ahora, cuando una discrepancia por un tema puntual -el aumento de tarifas- vuelve a exponer las vulnerabilidades de un frente que no se pone de acuerdo en la gestión económica de la pandemia.

Como señaló este mismo portal, los chispazos por Basualdo son apenas síntomas de un mal mayor, en una pulseada por la política económica que termina complicando el acuerdo con el FMI y los planes de la inflación proyectada para los próximos años.

Eso lleva a que en el kirchnerismo moleste lo que reconocen como falta de timing. O bien las medidas no llegan a tiempo (el IFE y los ATP que siguen haciendo falta) o llegan antes. Esto es, la política de subsidios no puede modificarse de la noche a la mañana, y menos en un contexto de emergencia económica por la pandemia. Pero es lo que, a su manera, está pidiendo Guzmán, que ve cómo su ortodoxia colisiona con otra ortodoxia: la del manual del kirchnerismo, apoyada en subsidios y en gasto público para aminorar las asimetrías del sistema.

Un caso

Hay otro antecedente que se ubicaría a mitad de camino de ese diagnóstico y que parece haberse olvidado en el fragor de la fatídica agenda argentina. A mitad del año pasado, cuando La Cámpora le acercó una carpeta, Alberto cedió y consideró que la intervención de Vicentin era una buena medida para ordenar los papeles de la firma y garantizar los puestos de trabajo de la empresa. Lo hizo en nombre de la “soberanía alimentaria”, escoltado por la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti, autora del proyecto de intervención.

Nadie entendió demasiado en ese momento y el círculo oficialista siguió sin entenderlo durante un buen tiempo. Además, con esa movida de escritorio el Gobierno le regaló a la oposición una de sus primeras banderas: desde Juntos por el Cambio literalmente abrazaron la sede de la empresa en Santa Fe, entre gauchos, tractores y arengas de resistencia a la autoridad. Fue una de las primeras intervenciones callejeras de la oposición en cuarentena.

Si bien el Frente de Todos defendió en ese momento la intervención con todos los argumentos a disposición, el Presidente terminó retirando el DNU y pasó a otra cosa. La Cámpora quedó entonces desautorizada. En ese caso, para el kirchnerismo no habría sido una falla de timing sino de debilidad en la defensa de la medida. Pero alguien cercano al propio núcleo cristinista había advertido sobre las dificultades del proyecto. Era el propio Carlos Zannini, abanderado hoy de la cruzada del Gobierno contra la Corte Suprema por la suspensión de presencialidad en las clases. Una cuestión de actitud que sigue sin saldarse.

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