En el año 2001, la provincia de Salta dio un importante paso hacia la modernización institucional con la aprobación de su nueva Constitución. En un contexto en el que varios distritos buscaban adaptarse a las demandas de la sociedad y actualizar sus normativas, Salta se destacó al buscar una reforma constitucional que funcionara a su vez como una reforma política.
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva Constitución fue la limitación de los mandatos. Según cuentan quienes redactaron la nueva Carta Magna esta medida buscaba garantizar la alternancia en el poder: la novedad es que implicó tanto al Ejecutivo como al legislativo.
El Gobernador Gustavo Sáenz incluyó en la reforma la limitación de las reelecciones para el Gobernador, el Vicegobernador y los legisladores, así como la imposición de un tope de diez años para el mandato de los jueces de la Corte de Justicia.
Lo interesante es que el gobernador optó por limitar y autolimitar a sus líderes como una manera de darle más legitimidad a su mandato. Esto se tradujo en la posibilidad de una reelección inmediata para el Gobernador y el Vicegobernador, con la condición de que no se sucedan recíprocamente y de que no puedan buscar una nueva reelección sin esperar un nuevo período.
Además, se estableció una restricción adicional: los parientes hasta segundo grado, cónyuges y convivientes no pueden ser candidatos a Gobernador y Vicegobernador en forma inmediata. Esto asegura que el poder no quede en manos de una misma familia o grupo de personas de manera perpetua, promoviendo la diversidad y la renovación en la política de la provincia.
En el ámbito municipal, los intendentes también se vieron afectados por esta ola de cambios. Ahora, no pueden llevar a sus cónyuges ni a familiares directos en su sucesión, lo que demuestra que el poder en los municipios del interior también se limitó de manera clara. Los intendentes tendrán una sola reelección, con la posibilidad de volver a presentarse después de un período de espera si así lo elige la ciudadanía.
La independencia del poder judicial también fue un punto clave en esta reforma. Los jueces de la Corte de Justicia de Salta ahora tienen un mandato de diez años en sus funciones y no pueden ser reelegidos. Esto garantiza que su tiempo en el cargo no coincida con el período del gobernador que los designó, fortaleciendo la independencia y la imparcialidad de la justicia.
La limitación de los mandatos también se aplicó a los senadores y diputados provinciales, con la restricción de dos períodos consecutivos de cuatro años. Otra vez, se busca evitar que legisladores se perpetúen en sus cargos y permitiendo una renovación constante en la representación política.
Salta demostró que es posible avanzar hacia una política más transparente o al menos con más alternancia. En tiempos donde la gente pide que se vayan todos o reclama la emergencia de nuevas figuras, existen formas de construir institucionalidad promoviendo reformas que faciliten la renovación sin tener que aplicar un plan motosierra.
