A las pocas horas, los vecinos de ese distrito marcharon en reclamo de justicia por el crimen de la psicóloga social María Rosa Daglio, la mujer asesinada hace una semana por el motochorro Alejandro Miguel Ochoa de 55 años en medio de un robo en Ramos Mejía. Ochoa debía estar en prisión, pero fue uno de los tantos beneficiados con dejar la cárcel bajo la excusa de la pandemia. El 29 de abril de 2020 recibió la prisión domiciliaria firmada por el juez Marcelo Riquert, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. La promesa del delincuente era la de fijar domicilio en una casa de Castelar junto a su madre, su hermano discapacitado y su hijo. También prometió que cada 15 días pasaría por un juzgado a notificarse, pero nunca lo hizo.
En la Casa Rosada tomaron nota del rechazo social que generó este caso en particular y vieron con preocupación la creciente ola de violencia en los hechos de inseguridad. Es por eso que volvió a sobrevolar la idea de diseñar un nuevo Operativo Centinela para trasladar efectivos de las fuerzas federales a las zonas más calientes.
En el encuentro de Frederic con los intendentes se buscó retomar el armado de un nuevo mapa de delito, una idea recurrente que nunca conduce a nada. También se abordó el despliegue territorial de las fuerzas. Esto da en el corazón de un reclamo histórico que Berni se encargó de mediatizar en varias oportunidades. El ministro bonaerense pretende tener control directo y absoluto sobre la distribución en su territorio de los efectivos federales. En la Rosada no están dispuestos a perder una sola batalla más contra el ministro bonaerense preferido de Cristina Kirchner.