En una de las semanas más difíciles desde que decretó la cuarentena, el presidente Alberto Fernández retomó la actividad política fuera de la Quinta de Olivos, e igual que varios de sus funcionarios, volvió a los actos públicos en busca de apoyo para sostener la larga cuarentena, que no tiene fecha de finalización, en medio del pico de contagios que se espera para las próximas 10 semanas en la región que concentra al 40% de la población: el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Por eso, Alberto salió a responder a las críticas del macrismo por la extensión de la cuarentena y atribuyó a ese sector la intención de aprovecharse del malestar social que ya generan 70 días de parálisis económica.
El Gobierno anuncia excepciones a la cuarentena a cuentagotas y con estrictos protocolos. Mientras, el Presidente se puso al frente de una gira por el interior. Ya estuvo por Santiago del Estero, Tucumán, Formosa y Misiones y esta semana continuará por la Patagonia.
El objetivo: mostrar junto a gobernadores que la cuarentena "no es contra nadie sino por el bien de todos". Una frase que repite como mantra y pone en el dilema de una cuestión de vida o muerte para defender la prohibición de circular que afecta las libertades individuales consagradas por la Constitución y que consumió el debate en los medios durante toda la semana.
Ante las críticas por la decisión de cercar con militares y fuerzas de seguridad a los barrios pobres donde se desataron los mayores brotes de coronavirus, en CABA y el Conurbano, Fernández salió a ponerse al frente del drama que se vive en los barrios más pobres.
En el nuevo discurso para morigerar los efectos de la cuarentena ahora destaca como caballito de batalla "la justicia social", uno de los dogmas más usados históricamente por el peronismo.
En cambio, atribuye el abandono de las clases populares, y la desigualdad que quedó de manifiesto con la pandemia, a la gestión de Mauricio Macri y sus socios de Cambiemos, que privilegiaron "la meritocracia y les decían a los pobres que no tenían posibilidades".
"Los que gobernamos somos un habitante más de Villa Azul, del Barrio Mujica y la villa 1-11-14", llegó a decir Alberto el viernes a la mañana, rodeado de la plana mayor de La Cámpora y Massa, durante la inauguración de obras de agua potable en Bernal, Quilmes, uno de los primeros distritos afectados por el brote de COVID-19.
Alberto empieza así a armar el relato de un "nuevo modelo" económico y social y puso como sus futuros descendientes a Massa, los dirigentes de La Cámpora (en la cabeza de Máximo) y los intendentes del PJ.
Pero en busca del apoyo de la clase media, intentó avanzar en esporádicas explicaciones de ese modelo económico que, según dice, ya está diseñando el ministro de Economía, Martín Guzmán, para la pospandemia sobre los ejes de "revisar todo".
"Revisar todo", según anticipó Alberto, es "revisar la coparticipación federal, en cómo se distribuyen los recursos a las provincias; revisar el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores y revisar el sistema tributario y judicial".
Ahí accedió al reclamo de Cristina y de Kicillof de recomponer los 8 puntos perdidos por Buenos Aires durante el gobierno de Raúl Alfonsín; pero sabe que se va a poner de sombrero al resto de los gobernadores, que no querrán ceder nada.
Esta semana, Alberto buscó calmar las quejas de los mandatarios del interior y llevó los 120.000 millones de pesos del Fondo Fiduciario, que serán repartidos la mitad en fondos del Tesoro Nacional y la otra mitad, es decir, 60.000 millones, en créditos blandos para pagar sueldos y cubrir gastos corrientes.
También le prometió un plan de obras públicas a cada provincia y municipio.
Para los intendentes, Wado De Pedro -mayor representante de Cristina en la Casa Rosada- firmó otro convenio de giro de fondos por 2000 millones para ayuda directa a los municipios para cubrir gastos de la pandemia.
El Presidente buscó un equilibrio para cerrar filas con los socios del Frente de Todos, pensando en la agenda que impulsará la Casa Rosada ante el Congreso las próximas semanas.
Se viene el debate en el Congreso, donde pedirá que le aprueben leyes que le interesan al kirchnerismo, como la reforma judicial y el nuevo impuesto a la riqueza para financiar la pospandemia.
Pero en busca de contener el apoyo de la clase media y las empresas, Alberto se diferenció del ultrakirchnerismo al rechazar desde Formosa el proyecto de una diputada que proponía que el Estado se quede con acciones de las empresas que ayuda o subsidia en la pandemia.
"Esas ideas locas, a nadie se le ocurre que nos queremos quedar con las empresas", dijo el jueves en una conferencia de prensa en la que puso, sin embargo, como modelo de la pospandemia, al gobernador de Formosa, Gildo Insfran, criticado por sostener un sistema casi feudal de gobierno y económico en esa provincia que gobierna desde hace 28 años.
El mensaje pareció también un límite a las presiones de Máximo Kirchner y de Cristina, que fogoneaban el proyecto por la ayuda que el Estado brindó a grandes empresas, como Techint y Clarín, con el pago de sueldos.
Un día después, el viernes en Quilmes, Alberto mencionó a Máximo como esos dirigentes de la nueva generación "que ya están pensando en el futuro de la Argentina de otro modo".
Con Massa, Malena Galmarini y los intendentes también como invitados a ese acto, Alberto buscó equilibrar la balanza de los dirigentes que promociona como sus eventuales herederos.
La movida siguió a una aclaración que había hecho como al pasar Alberto en la semana, cuando dijo que su objetivo "no es ser el mejor presidente de la Argentina", ni perpetuarse en el poder sino ser "el presidente de una Argentina más justa e igualitaria".
En su dialéctica, anticipó que no buscaría una reelección en 2023 -¿será parte del acuerdo con Cristina?-, aunque históricamente ningún presidente reconoció sus intenciones finales tanto tiempo antes.
Mientras hace equilibrio en la coalición, va eligiendo también a su propia oposición.
Queda claro que reconoce a Horacio Rodríguez Larreta como el opositor que más le gusta y evita usar el nombre de Mauricio Macri, aunque cada vez que puede lo responsabiliza por la crisis, el abandono social, la fuga de capitales y la deuda impagable que dejó.
Esta semana, Macri terminó imputado en la causa por escuchas y persecución ilegal a políticos y periodistas durante su Gobierno, que denunció la interventora de la AFI, Cristina Camaño, después de reunirse esta semana con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Alberto terminará de definir este fin de semana en Olivos con Guzmán los últimos pasos para intentar llegar a un acuerdo con los bonistas extranjeros para reestructurar la deuda.
Prepara una modificación del DNU que dispuso la renegociación de la deuda para dar respaldo político a una eventual aceptación de Guzmán a la contrapropuesta presentada por los bonistas, que implicaría una merma en la quita de capital e intereses de la propuesta presentada inicialmente por el propio Presidente en una recordada conferencia junto a Cristina, Guzmán, Massa, Larreta y todos los gobernadores, en Olivos.
En los próximos días sería anunciado un nuevo DNU para modificar los términos de la negociación, que ya quemó la mayoría de las cartas y definirá el futuro mediato de Guzmán y de la economía de todos los argentinos.