El Gobierno publicó -mediante decretos- las primeras medidas anunciadas por el Presidente sobre las islas, con un refuerzo de partidas para Defensa y un nuevo esquema para sancionar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
El Gobierno oficializó dos medidas clave por las Islas Malvinas. (Foto: archivo)
El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes las primeras medidas anunciadas durante la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas, con una modificación del Presupuesto 2026 destinada, entre otros objetivos, a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y un nuevo procedimiento para detectar y sancionar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental.
Además, las empresas que pretendan ingresar al RIGI deberán acreditar que no están involucradas, directa o indirectamente, en esas operaciones.
Las decisiones quedaron plasmadas en el DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026, publicados en el Boletín Oficial horas después del mensaje presidencial.
Las medidas representan la primera traducción normativa de una serie de anuncios que Milei presentó como parte de una estrategia más amplia para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y proteger los recursos naturales del Atlántico Sur.
A través del DNU 867/2026, el Poder Ejecutivo dispuso una modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente a 2026.
En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que era necesario adecuar las partidas para atender necesidades salariales, de inteligencia y otros gastos de distintas áreas del Estado, además de incrementar los recursos destinados a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
Uno de los puntos centrales está vinculado directamente con el Ministerio de Defensa. El decreto establece que la modificación presupuestaria busca “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas” mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento.
La norma no establece en su articulado un porcentaje único de incremento para Defensa: dispone modificar el Presupuesto conforme a las planillas anexas que integran el DNU.
La segunda medida tiene un impacto directo sobre las empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas. Mediante el Decreto 868/2026, el Ejecutivo designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La legislación prohíbe a personas y empresas desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización de las autoridades argentinas y también alcanza a quienes participen directa o indirectamente, presten servicios o realicen operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoramiento vinculadas con esos proyectos.
El decreto recuerda, además, que la Ley 26.659 contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan esas prohibiciones y, en determinados supuestos, la reversión de concesiones hidrocarburíferas. Según el propio texto oficial, desde la sanción de la ley fueron declaradas “clandestinas” las actividades de diez empresas por operar sin autorización argentina.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es concentrar en Cancillería las competencias para lograr una mayor coordinación entre la política sancionatoria y la estrategia diplomática argentina por Malvinas.
El decreto también establece un mecanismo con plazos concretos para acelerar las investigaciones administrativas. Todos los organismos de la Administración Pública Nacional tendrán cinco días hábiles desde que tomen conocimiento de un posible incumplimiento para informarlo a Cancillería.
Si existen indicios suficientes, el Ministerio podrá abrir un sumario y notificar al presunto infractor. Desde ese momento, la persona o empresa investigada dispondrá de 10 días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas.
Luego, Cancillería tendrá otros 10 días hábiles -computados según la etapa en que concluya el trámite prevista por el decreto- para emitir una resolución fundada que determine el archivo de las actuaciones o la aplicación de las sanciones correspondientes.
En caso de aplicarse una sanción, la resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial y comunicarse, entre otros organismos, a la Secretaría de Energía, la Procuración del Tesoro y el Ministerio Público Fiscal para que evalúen las acciones que correspondan dentro de sus respectivas competencias.
Una de las novedades más relevantes del Decreto 868 es que vincula expresamente el cumplimiento de la legislación sobre Malvinas con el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Los Vehículos de Proyecto Único (VPU) que soliciten adherirse deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que ni ellos ni las personas o sociedades con participación directa o indirecta desarrollan ni desarrollarán las actividades prohibidas por la Ley 26.659.
El Gobierno justificó la decisión con un argumento explícito: consideró contradictorio que el Estado pudiera sancionar a una compañía por desconocer la legislación argentina sobre las Islas Malvinas y, al mismo tiempo, concederle beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios y garantías de estabilidad a través del RIGI.
La misma exigencia alcanzará a quienes pretendan obtener permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones hidrocarburíferas bajo la Ley 17.319.
Las decisiones se producen en medio del avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvina Norte y desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La primera fase contempla inversiones por alrededor de US$1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción en 2028.
El Decreto 868 no menciona a Sea Lion por su nombre ni sanciona automáticamente a esas compañías. Lo que hace es establecer y acelerar el procedimiento administrativo mediante el cual Cancillería podrá determinar eventuales infracciones y aplicar las sanciones previstas por la legislación vigente.
El texto oficial fundamenta la decisión en la “persistencia y profundización” de actividades de exploración y explotación hidrocarburífera que la Argentina considera ilegítimas en los espacios marítimos circundantes a Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Durante la cadena nacional, Milei anticipó el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones contra compañías involucradas en operaciones no autorizadas, extender las consecuencias a proveedores y ampliar el régimen a otras actividades que afecten los recursos naturales de las islas.
El Presidente también anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un marco de protección de infraestructura crítica y mecanismos de protección aeroespacial y marítima. A eso sumó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, dentro de una estrategia destinada a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
