Esteban Paulón solicitó acceso a la información pública para conocer el marco regulatorio y el detalle de préstamos otorgados entre 2023 y 2026 a funcionarios públicos. También presentó un proyecto para que el Ejecutivo dé explicaciones.
El diputado Esteban Paulón realizó una serie de pedidos de acceso a la información pública al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Nación para conocer el marco regulatorio del otorgamiento de créditos a funcionarios públicos en el período de 2023 a 2026. A la par también presentó una resolución en la Cámara alta para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones en la misma línea.
Para hacer las presentaciones, el legislador se basó en investigaciones periodísticas que, según él, indican que "se habrían otorgado créditos millonarios en condiciones preferenciales a funcionarios y asesores directos del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo".
Paulón presentó dos pedidos de acceso a la información pública al Banco Central y al Banco Nación.
Al Banco Central le pidió detallar el "marco regulatorio y las funciones de supervisión relativas al otorgamiento de créditos por parte de entidades financieras públicas, en particular respecto del acceso al crédito por parte de funcionarios públicos". En ese sentido, le pidió que incluya la normativa vigente aplicable al otorgamiento de créditos, las regulaciones sobre evaluación crediticia, la regulación vigente en materia de financiamiento a “personas vinculadas” , los límites o condiciones específicas para operaciones con personas políticamente expuesta, entre otras.
Mientras que al Banco Nación le requirió información vinculada al otorgamiento de créditos por parte de esa entidad durante el período 2023 a 2026. Justificó el pedido basado en querer "garantizar la transparencia en la asignación de recursos financieros de carácter público, así como en la necesidad de prevenir y controlar eventuales situaciones de conflicto de interés, trato preferencial o uso indebido de información privilegiada en relación con personas que ejercen funciones públicas".
Entre los pedidos que deberá informar la entidad se encuentran el tipo de crédito, el rango de monto otorgado, la fecha, la instancia o nivel de aprobación interviniente. También indicó que se detalle la cantidad total de créditos otorgados, desagregados por tipo y los que se entregaron a a personas que se desempeñan como funcionarios públicos, discriminando por Poder del Estado y jerarquías.
La tercera presentación que hizo Paulón fue en la Cámara de Diputados, se trata de un proyecto de resolución que para efectuarse, debe primero ser aprobado.
Allí insta al Poder Ejecutivo a indicar "a través del Directorio del BNA, ha recibido observaciones o sanciones por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA relacionadas con el exceso de límites de asistencia crediticia a 'personas vinculadas' (funcionarios públicos) y/o personas políticamente expuestas, conforme la normativa vigente".
En otro punto, requiere conocer "si el Directorio ha dictado resoluciones excepcionales para aprobar créditos que contaban con dictámenes técnicos desfavorables de las áreas de riesgo del Banco" y pide que "remita el listado detallado de funcionarios públicos con cargos de jerarquía (Secretarios, Subsecretarios, Directores Nacionales o equivalentes) que mantienen deudas con la entidad".
"Mientras el Poder Ejecutivo pregona una política de austeridad extrema bajo el lema 'no hay plata' y mantiene cerradas o severamente restringidas las líneas de crédito para el sector productivo, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y las familias argentinas, la cúpula del Banco Nación parece haber habilitado una 'ventanilla de privilegios' para los propios funcionarios que diseñan la política económica del país", denunció Paulón.
En esa línea, planteó que "el Directorio del Banco, designado por decreto del Poder Ejecutivo, no es un ente autónomo para el beneficio de sus integrantes o aliados políticos, sino el custodio del patrimonio de todos los argentinos" y advirtió que la "concesión de préstamos millonarios a funcionarios con capacidad de decisión sobre la propia entidad configura, a simple vista, un conflicto de intereses que violenta la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188)".
Por eso, pidió analizar "si el acceso al crédito por parte de funcionarios públicos pudo haber estado influido por su posición institucional o por la eventual disponibilidad de información relevante sobre variables económicas y financieras, lo cual podría afectar el principio de igualdad en el acceso a recursos públicos".
"Este pedido de informes busca determinar si el Banco Nación está siendo gestionado bajo criterios de profesionalismo o si ha sido capturado por una facción política para beneficio personal", completó.
