La medida busca retrotraer la determinación adoptada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Consideran que las bajar fueron "sin justificación".
Ordenan al Gobierno a pagarles a centenares de beneficiarios de ANSES (Foto: archivo).
Un fallo reciente de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes obligó al gobierno de Javier Milei a restaurar los pagos a más de 400 personas que fueron dadas de baja del programa social Potenciar Trabajo por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. La decisión judicial establece que estas personas deben recibir los pagos correspondientes desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024, debido a que las bajas fueron consideradas "sin justificación".
La resolución 17/2023, firmada el 29 de diciembre de 2023 por Sandra Pettovello, estableció la baja de aproximadamente 2.900 personas en el programa Potenciar Trabajo, de las cuales más de 400 son residentes de Corrientes. Este programa, que forma parte del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Social, brinda apoyo económico a personas que desempeñan actividades en diversos sectores como albañilería, carpintería, costura, gastronomía y servicios de limpieza, entre otros.
Los beneficiarios afectados lograron demostrar que las bajas ejecutadas por el Ministerio de Capital Humano fueron injustificadas y basadas en datos erróneos o falsos. En el fallo judicial, los camaristas enfatizaron la arbitrariedad e ilegitimidad de la decisión ministerial, la cual se fundamentó en informes emitidos por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), a cargo del fiscal Guillermo Marijuan. Estos informes indicaban que los beneficiarios en cuestión podrían estar en infracción de las normas que regulan el programa, lo que impulsó al Ministerio de Capital Humano a realizar las bajas de manera preventiva.
El fallo establece que los amparistas –los beneficiarios que demandaron– lograron acreditar de manera concluyente que los datos en los que se basó la resolución eran incorrectos, y, en consecuencia, se demostraron la ilegitimidad y arbitrariedad de la medida. En palabras de los jueces de la Cámara Federal de Corrientes: “Los amparistas lograron acreditar de manera fehaciente el error o falsedad de los datos que sirvieron de sustento para el dictado de la resolución 17/2023 y, por consiguiente, su manifiesta ilegitimidad y/o arbitrariedad”.
Además, el fallo subraya que el gobierno debe abonar los pagos correspondientes a estos beneficiarios desde diciembre de 2023 hasta el momento en que fueron reactivados en los programas sociales. En total, esto comprende cuatro meses de pagos que el Ministerio de Capital Humano deberá restituir a los trabajadores afectados.
