La bomba colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976 provocó 24 muertos y 60 heridos.
El viernes 2 de julio de 1976, el grupo guerrillero Montoneros hizo explotar una bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Ocurrió en la calle Moreno 1417 del barrio porteño de Monserrat. Fue uno de los atentados más sangrientos de la historia argentina y provocó la muerte de 24 personas y dejó 60 heridos.
Pasaron 46 años y ahora la Cámara Federal ordenó reabrir una investigación para que se analicen las responsabilidades de la agrupación Montoneros. Para el tribunal, la jueza María Servini, que había ordenado cerrar la denuncia, no analizó si el caso debía investigarse bajo la hipótesis de una grave violación a los derechos humanos, como ocurrió por ejemplo con la causa AMIA.
Además, según proclamó la Cámara Federal, Servini tampoco evaluó si la organización Montoneros contaba en ese momento con apoyo de estados y organizaciones extranjeras.
La Cámara destaca que la jueza no analizó “la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra” del ataque.
A las 13.20 del 2 de julio de 1976 fue el ataque concretado por la organización Montoneros. La denuncia señala como responsables de esa agrupación a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger, Lila Victoria Pastoriza, entre otras personas que integraran la Organización Montoneros.
El autor del ataque fue José María Salgado, un joven agente de policía de 21 años que también estudiaba Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires. El hombre se infiltró en la policía y colocó la bomba vietnamita.
Montoneros se atribuyó el ataque pocas horas después de la explosión, en un comunicado en el que definió al atentado como “un hecho de guerra”.
En 2006, la jueza federal María Servini rechazó una denuncia contra los presuntos autores del atentado por entender que no era un crimen de lesa humanidad. El caso escaló a la Corte Suprema que confirmó ese criterio. Pero a fin de 2021, un grupo de organizaciones civiles y 400 abogados se presentaron en el juzgado para pedir la reapertura de la causa y solicitar que sea declarado imprescriptible.
Ahora, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Brugliadecidieron anular la resolución de la jueza para que dicte un nuevo fallo. “Entendemos que el temperamento atacado contiene vicios trascendentes que lo afectan como acto jurisdiccional válido. Conforme lo han sostenido los aquí recurrentes, el pronunciamiento no satisface los estándares de motivación exigidos por la ley”, destaca el fallo.
