La declaración cuestiona las políticas estatales que pueden sostener ese excedente y pone el foco en sectores estratégicos. El documento fue acordado durante una reunión de representantes de Comercio del G20. China, en la mira.
El Gobierno argentino firmó un acuerdo con Estados Unidos y otros países para frenar la “producción excesiva” a nivel global
Argentina suscribió junto a otras 14 economías una declaración que expresa preocupación por la sobrecapacidad industrial y la producción excesiva en distintos sectores manufactureros. El documento fue acordado durante una reunión de representantes de Comercio del G20 realizada en Milwaukee, Estados Unidos.
El texto plantea que determinados niveles de producción pueden mantenerse por encima de la demanda mundial como consecuencia de políticas e intervenciones estatales. Si bien la declaración no menciona de manera directa a ningún país, el planteo está vinculado con el modelo industrial chino y su creciente presencia en los mercados internacionales.
Los gobiernos firmantes advirtieron que esta situación puede generar distorsiones en los precios, modificar los patrones de producción, desalentar inversiones y afectar a las empresas que compiten bajo condiciones de mercado.
Además de Argentina, el documento fue suscripto por Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
La declaración sostiene que existe preocupación por aquellas economías en las que la capacidad productiva supera de manera persistente la demanda global y plantea que parte de esa capacidad podría no haberse desarrollado en condiciones exclusivamente de mercado.
Según el documento, las políticas públicas pueden crear, sostener o ampliar capacidades industriales que luego generan excedentes destinados a los mercados internacionales.
Los representantes comerciales señalaron que, si no se adoptan medidas, esa dinámica puede afectar a las industrias nacionales, desplazar producción local y generar consecuencias sobre el empleo y las inversiones.
El planteo de los países se concentra especialmente en cinco sectores considerados estratégicos por su importancia para la industria y la transición tecnológica. Entre ellos se encuentran los vehículos eléctricos, las baterías, los productos químicos, los semiconductores básicos y los paneles solares.
La preocupación está relacionada tanto con la capacidad industrial actualmente instalada como con los proyectos que podrían incrementar todavía más la producción en esas actividades.
Los firmantes consideran que una expansión sostenida de la oferta sin una demanda equivalente puede generar excedentes que terminen volcándose hacia otros mercados, aumentando la presión sobre productores de distintos países.
Los representantes comerciales resolvieron avanzar en la creación de plataformas de trabajo específicas para cada uno de los cinco sectores incluidos en la declaración.
Los equipos técnicos deberán intercambiar información y datos no confidenciales sobre la capacidad instalada, sus efectos y las posibles distorsiones que genere en el comercio internacional.
El objetivo será identificar respuestas que permitan reducir el impacto sobre la producción y el empleo y, cuando sea posible, coordinar medidas entre los países participantes.
Los términos de referencia de estos grupos de trabajo deberán quedar establecidos antes de diciembre de 2026. Las conversaciones comenzaron al margen del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La discusión sobre la sobrecapacidad industrial no es nueva dentro del G20. En 2016, los líderes del grupo ya habían advertido sobre los efectos que podían generar los subsidios y otras formas de respaldo estatal sobre determinadas actividades productivas.
Una década después, los representantes comerciales retomaron el planteo y ampliaron el análisis hacia sectores vinculados con las nuevas tecnologías y la transición energética.
En la declaración, los países también señalaron que la concentración de la producción en una determinada economía puede incrementar la dependencia de sus socios comerciales y generar una mayor exposición frente a eventuales restricciones a las exportaciones.
Durante la misma reunión se difundió otro pronunciamiento que tuvo como firmantes a Argentina, Estados Unidos y México. En este caso, los tres países plantearon la necesidad de evitar que bienes elaborados mediante trabajo forzoso formen parte de las cadenas globales de suministro.
La declaración sostiene que la utilización de trabajo forzoso afecta los derechos laborales y también genera distorsiones comerciales, debido a que los productos fabricados bajo esas condiciones pueden ingresar a los mercados con una ventaja de costos frente a aquellos elaborados bajo estándares laborales regulares.
Los gobiernos propusieron reforzar los mecanismos nacionales y la cooperación internacional para impedir la comercialización de este tipo de bienes.
Además, plantearon que la Organización Mundial del Comercio (OMC) analice el impacto de estas prácticas, facilite el intercambio de información sobre cadenas de suministro consideradas de riesgo y permita compartir herramientas de control.
Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, 28 millones de personas se encontraban sometidas a trabajo forzoso en 2021, una cifra que representó un incremento respecto de los cinco años anteriores.
