En una sesión cargada de tensión política, el Congreso de Perú destituyó por unanimidad a la presidenta Dina Boluarte y juramentó al titular del Parlamento, José Jeri, como nuevo jefe de Estado.
Dina Boluarte, del poder al abismo: las causas detrás de la destitución de la presidenta de Perú.
La inestabilidad volvió a sacudir a Perú. En la madrugada del viernes, los legisladores destituyeron por unanimidad a la presidenta Dina Boluarte, tras acusarla de “incapacidad moral” para ejercer el cargo. Horas después, José Jeri, hasta ese momento presidente del Congreso, juró como nuevo mandatario para completar el periodo presidencial hasta el 28 de julio de 2026.
El proceso se resolvió con una velocidad inusual incluso para los estándares políticos del país andino: 123 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones. La sesión, que se desarrolló en medio de fuertes tensiones, no contó con la presencia de Boluarte, quien fue convocada para defenderse pero decidió no presentarse ante el pleno.
Durante su juramentación, Jeri -un abogado de 38 años del partido Somos Perú- prometió encabezar un “gobierno de reconciliación nacional” y enfocarse en la lucha contra la inseguridad ciudadana, uno de los reclamos más urgentes de la población.
“El principal enemigo está afuera, en las calles. Las bandas criminales y las organizaciones que azotan a nuestro país. A ellos debemos declararles la guerra”, expresó el nuevo presidente ante los legisladores, visiblemente emocionado.
Su llegada al poder lo convierte en el séptimo mandatario de Perú desde 2018, una cifra que refleja el grado extremo de inestabilidad política e institucional que atraviesa la nación.
A los 63 años, Dina Boluarte cierra un ciclo marcado por la controversia, los escándalos y una impopularidad récord. Con apenas un 2% de aprobación, se había convertido en una de las líderes más rechazadas del mundo según encuestas internacionales.
Boluarte había asumido la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución y arresto de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso. Desde entonces, su gestión estuvo atravesada por acusaciones de corrupción, protestas violentas y una creciente ola de inseguridad.
“En todo momento llamé a la unidad”, se defendió Boluarte en un mensaje transmitido desde el Palacio de Gobierno poco después de la votación. Acompañada por su gabinete, advirtió que el Congreso “ha optado por la desestabilización” y calificó la decisión como un golpe a la democracia.
En apenas 48 horas, el Congreso aprobó cuatro mociones de vacancia contra Boluarte. Hasta hacía pocas semanas, la mandataria se mantenía en el poder gracias al respaldo de partidos conservadores y algunos aliados de izquierda. Pero esa alianza se fracturó abruptamente.
La votación unánime reflejó un giro político radical. Bloques como Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, retiraron su apoyo y empujaron la caída. Ambos líderes ya se perfilan como posibles candidatos presidenciales para 2026.
“Ha crecido la extorsión, la criminalidad, y ella sigue viviendo en una fantasía”, disparó la legisladora conservadora Norma Yarrow durante el debate previo.
Las acusaciones incluyeron presuntos actos de corrupción, incapacidad para frenar el crimen organizado y enriquecimiento ilícito, tras el escándalo por el uso de relojes Rolex y joyas de lujo.
También pesaron las muertes en las protestas de 2022 y 2023, cuando la represión policial dejó más de 60 víctimas fatales en el sur del país, principalmente entre comunidades indígenas.
El respaldo que había sostenido a Boluarte se desmoronó cuando incluso los sectores que la defendían comenzaron a asumir el costo político de su impopularidad.
Durante los últimos meses, el país se vio envuelto en una espiral de violencia y crisis institucional. Los secuestros, extorsiones y asesinatos crecieron de forma alarmante, mientras los peruanos enfrentaban un aumento del desempleo y la fuga de inversiones.
El miércoles, un episodio marcó un punto de inflexión: una banda armada atacó a un grupo de cumbia en un local del Ejército, lo que generó indignación y expuso la falta de control estatal.
En paralelo, jóvenes de la llamada Generación Z salieron a las calles de Lima para exigir la renuncia de Boluarte, en medio de enfrentamientos con la policía.
Boluarte nació en la región andina de Apurímac, madre de tres hijos y de perfil inicialmente moderado. Llegó al poder como vicepresidenta en la fórmula de Pedro Castillo y, tras su caída, asumió la presidencia con promesas de unidad y diálogo.
Sin embargo, su mandato quedó rápidamente atrapado entre la represión y la desconfianza. Su hermano fue detenido por corrupción, ella misma fue investigada por uso indebido de bienes de lujo, y su gobierno fue acusado de mano dura y autoritarismo.
En sus últimos meses, ni el Congreso ni el Tribunal Constitucional pudieron sostenerla. La votación del jueves por la noche fue la confirmación de un ciclo político agotado.
Tras la destitución, manifestantes celebraron frente al Congreso y la embajada de Ecuador, donde se rumoreaba que Boluarte podría solicitar asilo político.
En las calles, los cánticos se mezclaron con la incertidumbre. Algunos exigían elecciones anticipadas, mientras otros pedían una refundación institucional que frene la crisis permanente del país.
Con la asunción de José Jeri, Perú acumula siete presidentes en siete años: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora Jeri.
Esa sucesión frenética refleja una crisis estructural que no se resuelve con los cambios de mando. Tres expresidentes -Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo- están presos por causas de corrupción o abuso de poder.
En el plano internacional, la comunidad latinoamericana observa con preocupación. Organismos como la OEA y la ONU han pedido garantizar el orden democrático y el respeto a los derechos humanos, especialmente frente a las denuncias de represión en los últimos años.
El nuevo presidente asumió con una tarea monumental: recomponer la confianza interna, estabilizar la economía y convocar a un proceso electoral transparente en abril de 2026.
Jeri prometió mantener el calendario electoral y enfocar su gestión en la lucha contra la inseguridad y la corrupción. Sin embargo, la legitimidad de su gobierno dependerá de si logra evitar nuevas fracturas políticas en un Congreso altamente dividido.
Mientras tanto, la figura de Boluarte queda como símbolo del desgaste institucional de un país que no logra encontrar rumbo. Su caída marca otro capítulo en la interminable saga de crisis presidenciales que desde hace años sacude al Perú.