El temor a un agotamiento del fondo
La advertencia sobre una posible crisis financiera del Seguro Social no es nueva. Durante la primera presidencia de Donald Trump, funcionarios y asesores barajaron la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria, una medida impopular pero considerada como una solución drástica para extender la vida del sistema. En ese período, informes oficiales proyectaban que los fondos podrían enfrentar serias dificultades en las próximas décadas si no se adoptaban ajustes significativos.
Si bien la iniciativa nunca avanzó y quedó en pausa, el tema volvió a aparecer cada vez que se discuten reformas fiscales o cambios estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema. El aumento de la esperanza de vida, sumado a un crecimiento más lento de la población activa, genera un desbalance que tarde o temprano deberá resolverse.
De hecho, la SSA aclara en su sitio oficial que muchos beneficiarios no podrán elegir libremente retirarse a los 62 años, ya que existen reglas específicas según el año de nacimiento. Para quienes nacieron en 1959, por ejemplo, la edad plena de retiro —o full retirement age— es de 66 años y 10 meses, lo que implica limitaciones adicionales.
Una estructura que varía según el año de nacimiento
El concepto de full retirement age es clave para entender el sistema. Quienes se jubilan a esa edad, que fluctúa entre 66 y 67 años, reciben el 100% del beneficio calculado en función de sus contribuciones históricas. En cambio:
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Si el ciudadano se retira a los 62 años, acepta una reducción permanente en su beneficio mensual.
Si posterga su jubilación hasta los 70 años, recibe un incremento por los llamados delayed retirement credits, lo que resulta en un pago considerablemente mayor.
Para los nacidos en 1959, la SSA determina que la edad plena es de 66 años y 10 meses, por lo que no todos pueden acogerse al retiro temprano sin sufrir un impacto mayor en sus ingresos.
Este mecanismo ha sido actualizado con el tiempo para mantener el equilibrio financiero del sistema. Sin embargo, expertos advierten que estos ajustes graduales podrían resultar insuficientes si no se toman medidas más profundas, como modificar la edad mínima de retiro, aumentar los impuestos sobre la nómina salarial o establecer un nuevo esquema mixto de capitalización.
Las cifras que marcan el debate
El corazón de la discusión se encuentra en los números. Para recibir una jubilación en Estados Unidos, una persona debe acumular 40 créditos de Seguro Social, lo que equivale aproximadamente a 10 años de trabajo formal. Los créditos se obtienen en función de los ingresos anuales, y el monto del beneficio depende tanto de los salarios percibidos como de la edad en la que se solicita la jubilación.
Actualmente, los montos máximos pagados por la SSA en 2025 son los siguientes:
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2.831 dólares mensuales para quienes se retiran a los 62 años.
4.018 dólares mensuales para quienes optan por la edad plena de 67 años.
5.108 dólares mensuales para quienes postergan su retiro hasta los 70 años.
Estas cifras reflejan por qué muchos estadounidenses eligen seguir trabajando más allá de la edad tradicional. El incremento de casi el doble entre la jubilación mínima y la máxima representa una diferencia sustancial, especialmente en un contexto de inflación persistente, aumento del costo de vida y hogares cada vez más endeudados.
¿Por qué podría aumentar la edad jubilatoria en el futuro?
Mientras algunas propuestas políticas buscan defender el esquema actual, otras sostienen que la única forma de evitar un colapso presupuestario es elevar la edad mínima de retiro. Entre los argumentos más frecuentes aparecen:
1. Mayor esperanza de vida
Los estadounidenses viven más años en promedio, lo que significa que reciben beneficios por un período más prolongado. El sistema, diseñado hace más de 80 años, registraba expectativas de vida mucho menores.
2. Menos trabajadores activos
La tasa de natalidad ha caído de manera sostenida, y esto se traduce en menos jóvenes aportando al sistema. Esto genera un desequilibrio entre quienes financian el programa y quienes lo perciben.
3. Mayor presión fiscal
Otros programas sociales, como Medicare, también enfrentan desafíos financieros. Sostener todos los esquemas simultáneamente requerirá mayor recaudación o recortes en beneficios.
4. Ajustes que se demoraron demasiado
Expertos sostienen que pequeños cambios hace décadas habrían evitado la situación actual. Al no haberse realizado, las medidas necesarias ahora podrían ser más drásticas.
El impacto en la población trabajadora
La posibilidad de aumentar la edad de retiro genera resistencia en amplios sectores de la sociedad. Los empleos que exigen esfuerzo físico, como la construcción, la agricultura o el transporte, dificultan que los trabajadores continúen en actividad hasta edades avanzadas. Para muchos, extender la vida laboral es lisa y llanamente inviable.
A ello se suma un problema creciente: la salud laboral se ha visto afectada por el estrés, las enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional, factores que podrían empeorar si se obliga a los ciudadanos a trabajar más años.
Por otro lado, hay quienes argumentan que aumentar la edad jubilatoria no es necesariamente la única solución. Algunas alternativas planteadas incluyen:
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Elevar el tope salarial sobre el cual se cobran impuestos del Seguro Social.
Crear un fondo complementario de capitalización.
Redirigir parte de los impuestos federales hacia el sistema.
Establecer incentivos para que más jóvenes ingresen al mercado laboral formal.
Una reforma que nadie quiere encarar
Pese a que el debate aparece y desaparece según el clima político, la preocupación por el futuro del Seguro Social es real. Los informes anuales de la SSA advierten que, sin cambios estructurales, los fondos podrían enfrentar recortes automáticos en los próximos años.
Sin embargo, ningún presidente —ni republicano ni demócrata— ha querido asumir el costo político de proponer una reforma profunda. Aumentar la edad jubilatoria es un tema extremadamente impopular, especialmente en un país donde millones dependen de este ingreso para sobrevivir.
Por el momento, la propuesta para elevar la edad mínima permanece congelada, pero el debate sigue vivo y probablemente gane fuerza en los próximos ciclos electorales. Lo cierto es que, en medio de este panorama, los ciudadanos continúan planificando sus finanzas personales en función de un sistema que podría cambiar en cualquier momento.
