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La jueza Carmen Lucía asiste a una sesión durante la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. REUTERS
Una red bajo el liderazgo de Bolsonaro
Según el relato judicial, desde el año 2021 comenzó a gestarse una estructura que apuntaba a deslegitimar el sistema democrático. La jueza Antunes adhirió completamente a los argumentos del relator del caso, Alexandre de Moraes, quien ha sido una de las figuras clave en la investigación de los actos antidemocráticos en Brasil.
Las acciones atribuidas a Bolsonaro y su entorno incluyeron desde el fomento de teorías conspirativas sobre fraude electoral hasta el intento de abolir violentamente el Estado de derecho, pasando por la participación en una organización criminal armada, actos de vandalismo contra instituciones públicas y deterioro de patrimonio protegido.
La posibilidad de una condena histórica
Si se confirma la condena, Jair Bolsonaro enfrentaría penas que podrían sumar hasta 43 años de prisión, un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina respecto a un expresidente democrático.
Las acusaciones no solo apuntan a delitos comunes, sino a atentados contra los pilares del sistema republicano. En este sentido, la Corte Suprema ha buscado dar un mensaje contundente sobre la inviolabilidad de la democracia en el país más grande de Sudamérica.
Además de Bolsonaro, la causa incluye a siete de sus colaboradores más cercanos, entre los que figuran exministros y oficiales militares. Todos ellos están señalados como parte activa de la organización criminal que intentó torcer el orden institucional.
La investigación mostró que hubo coordinación en redes sociales, desinformación masiva y movilización de simpatizantes hacia edificios públicos, lo que desembocó en los ataques al Congreso y a otras sedes gubernamentales en enero de 2023, pocos días después del cambio de gobierno.
La respuesta del bolsonarismo
Desde el entorno del expresidente, las acusaciones han sido sistemáticamente negadas. Bolsonaro se ha declarado inocente y asegura que es víctima de una persecución judicial. Sin embargo, las pruebas acumuladas en el juicio, según los magistrados, son sólidas y concluyentes.
El exmandatario ya había sido inhabilitado políticamente por ocho años tras otro fallo judicial por abuso de poder. Esta nueva condena, de confirmarse, abriría la puerta a su encarcelamiento y lo alejaría definitivamente del escenario electoral brasileño.