Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la embajada argentina en Caracas, había sido arrestado en diciembre de 2024 sin que se presentaran pruebas en su contra y permaneció recluido en El Helicoide.
El Gobierno interino de Venezuela liberó este miércoles a Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer oficial de la embajada argentina en Caracas, quien permanecía detenido desde el 12 de diciembre de 2024 sin que se hubieran presentado pruebas en su contra. La excarcelación se produjo en un contexto marcado por denuncias de detenciones arbitrarias y cuestionamientos a la falta de información oficial sobre los presos políticos.
La liberación fue confirmada por la defensora de derechos humanos Elisa Trotta y ocurrió mientras continúan las críticas por la lentitud y opacidad del proceso de excarcelaciones anunciado por el chavismo. Hasta el momento, no se difundieron imágenes ni un comunicado oficial que detalle las condiciones en las que Mendoza Fuentes recuperó la libertad.
El empleado local de la representación diplomática argentina había sido arrestado en su domicilio del barrio La Pastora, en Caracas, pocos días después de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien había ingresado a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo pequeño.
Mientras Gallo continúa detenido en la cárcel de El Rodeo, Mendoza Fuentes permaneció recluido en El Helicoide, señalado por organismos internacionales como uno de los principales centros de detención del país.
Durante su detención, el régimen venezolano le imputó distintos cargos, entre ellos terrorismo, sin que se conocieran avances concretos en la causa judicial. Mendoza Fuentes cumplió 40 años mientras estaba privado de su libertad y sin acceso a información pública sobre las supuestas pruebas que justificaban su arresto.
La madre del detenido, Maricela Fuentes, reclamó en reiteradas oportunidades por su liberación. “Mi hijo es un trabajador, no un delincuente”, afirmó en ocasiones anteriores, al tiempo que se definió como simpatizante del chavismo. La pareja de Mendoza Fuentes también encabezó pedidos ante el Gobierno y organismos de derechos humanos para visibilizar el caso.
Mendoza Fuentes se desempeñó durante años como empleado local de la embajada argentina y trabajó con distintos jefes de misión en Caracas. Prestó servicios durante la gestión de Eduardo Porretti, en el gobierno de Mauricio Macri, y durante el mandato del embajador Oscar Laborde, bajo la presidencia de Alberto Fernández. Más recientemente, colaboró con Gabriel Volpi y Andrés Mangiarotti, en una etapa atravesada por el deterioro del vínculo diplomático entre Buenos Aires y Caracas.
La detención del chofer generó reclamos diplomáticos por parte de la Argentina, que cuestionó el arresto de un trabajador vinculado a su sede diplomática y solicitó explicaciones al Gobierno venezolano. La familia había pedido la intervención de la Cancillería argentina, que rechazó públicamente el procedimiento.
Pese a esta excarcelación, otros ciudadanos argentinos continúan detenidos en Venezuela. Entre ellos figuran el gendarme Nahuel Gallo; el empresario Roberto Baldo, cuya esposa de nacionalidad venezolana-española también permanece arrestada; el abogado Germán Giuliani; y Gustavo Gabriel Rivara, sobre quien activistas advirtieron un grave deterioro de su estado físico y mental.
La presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó el 15 de enero que 406 personas habían sido liberadas desde diciembre, aunque organizaciones independientes manejan cifras distintas. La ONG Foro Penal registró 143 excarcelaciones entre el 8 y el 19 de enero, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática contabilizó 163 en ese mismo período.
Organismos de derechos humanos reclamaron mayor transparencia en el proceso. La ONG Provea exigió que el Estado publique información detallada sobre las personas liberadas, los centros de detención, las causas penales y las condiciones de las excarcelaciones.
“Las autoridades no pueden eludir su responsabilidad de informar de manera clara y oportuna”, sostuvo la organización. Hasta el 19 de enero, Foro Penal contabilizaba 777 presos políticos en Venezuela.
