¿Cómo quedó la situación en el país vecino tras el intento de golpe de Estado? ¿Cómo juega el expresidente Evo Morales?
Bolivia deja atrás el fantasma del intento de golpe de Estado y empieza a transitar el camino a sus elecciones 2025. Pero lo hace en un contexto que no es nada favorable. Su economía está en una situación novedosa respecto de su pasado reciente por la creciente escasez de dólares; cualquier similitud con la situación argentina es pura coincidencia.
Esto se da básicamente por un cambio del comercio internacional, principalmente debido a que las exportaciones de gas han tenido una importante disminución en los últimos años. También las exportaciones del complejo sojero encontraron una disminución de los precios internacionales, y el incremento de las exportaciones de combustibles refinados.
La manifestación más inmediata de esta situación es una suba del precio del dólar en los mercados informales, que hoy está en un valor oficial de 6, 96 bolivianos por dólar, mientras que en el mercado informal oscila entre 12 y 13 bolivianos por dólar.
Esto crea una situación que es clásica en la región. Los exportadores van a tratar de retacear la liquidación de los dólares en el mercado oficial, tratando de conseguir alguna ventana de oportunidad para poder vender parte en el mercado informal. Y a su vez los importadores comienzan a retener stocks de mercaderías o a ajustar sus listas de precios en función de una posible devaluación.
Así empieza una suerte de combate por el dólar: para los sectores liberales clásicos la respuesta es devaluar hasta encontrar algún punto de equilibrio en el valor de la moneda estadounidense. Pero una devaluación sola sin un contexto amplio de medidas económicas coherentes tiene un impacto brutal en la inflación dado el incremento dramático que pueden tener los precios de los bienes importados.
El Gobierno boliviano planteó una estrategia frente a esto. Así lo dijo el presidente Luis Arce: “Menos dólares por exportación de gas, menos dólares por importación de mayores volúmenes a mayores precios de diésel y de gasolina, y menos ingresos de dólares por desembolsos de nueva deuda externa: ahí está lo que configura el problema, se trata de problemas estructurales que exigen soluciones estructurales, y no pueden abordarse con una mera resolución en la política cambiaria”; dijo.
Distintos actores están pidiendo “soluciones estructurales” que exigen articulación de medidas gubernamentales, de la aparición de nuevos protagonistas económicos en particular industriales, y de una transformación de la propia matriz energética boliviana que la haga menos dependiente de la importación de combustibles refinados. En eso es una herramienta central la adhesión como miembro pleno del MERCOSUR que se logró bajo la gestión de Arce.
Todo ello ocurre en el marco del proceso electoral boliviano que culminará con las elecciones generales del año 2025, y aparece como un factor disruptivo para la calma de los mercados y para la ejecución de las medidas de cambio estructural necesarias para revertir la actual crisis.
Los ruidos políticos también juegan. El principal opositor resulta ser el expresidente Evo Morales, que también integra el partido MAS, del que proviene el actual presidente boliviano.
La retórica opositora del expresidente y sus aliados va siempre en aumento: lo llamaron mentiroso, incapaz, responsable directo de la crisis, y hasta lo acusaron de “haberse derechizado”.
Pero no se trata de un conflicto entre proyectos de gobierno, con planes diversos para el cambio estructural, o con nuevas agendas para la gestión de la crisis, sino de movilizar a las poblaciones en las grandes ciudades bolivianas, promoviendo cortes y piquetes en las principales rutas de la nación con un único objetivo: revertir el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que sentenció que la Constitución prohíbe que un ciudadano tenga más de dos mandatos presidenciales, lo cual inhabilitaría a Evo Morales como candidato a presidente en las próximas elecciones generales.
El temor en algunos sectores de la política boliviana es que se trate de una intervención política de agitación social, motivada por fines personales que intente producir un estado de rebelión que obligue a una medida de excepción por parte del Tribunal Constitucional.
Esto supondría alterar la propia situación de la crisis económica que está viviendo el país, una dinámica de rebelión cuyo curso puede ser problemático. No es menor que las fuerzas vivas del Departamento de Santa Cruz, normalmente hostiles al estado central boliviano e inclusive a la propia existencia de la nación boliviana, aprovechen la oportunidad e integren su propia agenda política, a las proclamas opositoras y llamados a la resistencia civil del expresidente, lo que supone una convergencia sorprendente.
Analistas políticos y económicos locales plantean que solo una unidad de proyecto y de gestión en torno a la actual administración gubernamental boliviana, permitirá llegar en forma ordenada a los comicios del año próximo y lograr soluciones integrales a la crisis estructural. En ese sentido, muchos ven con preocupación el pedido insistente de medidas de excepción incompatibles con el orden constitucional. Y este es el camino que parece propiciar el expresidente Evo Morales y la facción más extrema del Movimiento al Socialismo.
