Una investigación iniciada por el testimonio de un recluso reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero.
Allanaron la UP9 y desbarataron un plan criminal para matar al Juez Federal Penal y Fiscal de Paraná.
Un presunto plan para asesinar a funcionarios judiciales y a un alto dirigente político de Entre Ríos fue desbaratado tras la confesión de un preso que alertó a las autoridades. La investigación apunta a un capo narco detenido, quien habría contratado a un sicario uruguayo para ejecutar un doble crimen contra el fiscal Ignacio Candioti y el juez Leandro Ríos, en donde además figuraba, el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, entre los objetivos.
El dato clave surgió del testimonio de un interno que oficia como informante dentro del sistema penitenciario. Su declaración permitió frustrar el presunto plan criminal que se habría organizado desde la Unidad Penal 9 de Diamante.
De acuerdo con la información difundida por el diario regional El Argentino de Gualeguaychú, el autor intelectual sería un poderoso narcotraficante oriundo de esa ciudad. El perfil coincide con Leonardo Airaldi, de 44 años, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, quien enfrenta dos causas por narcotráfico.
En los últimos días, el Tribunal Oral Federal rechazó un planteo de su defensa para dividir los expedientes por los que será juzgado a partir del 24 de este mes en Paraná. Una de las causas se originó en 2019 e investiga a una banda narco integrada por 14 personas. La otra se inició en 2022 en Santa Fe, tras el secuestro de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto.
El fiscal Candioti intervino en las acusaciones de esas causas, mientras que el juez Ríos participó en la instrucción de uno de los expedientes. Roncaglia, en tanto, fue jefe de la Policía Federal hasta 2019 y luego lideró la división Drogas Peligrosas.
Según el testimonio del informante, el detenido manifestó su intención de vengarse de los funcionarios judiciales, a quienes acusaba de haberle “armado una causa” y de buscar una condena de 15 años.
Para concretar el plan, habría contratado a un sicario uruguayo por una suma de 40.000 dólares. El ataque contra el fiscal y el juez estaba previsto durante sus vacaciones en Punta del Este, en Uruguay.
El atentado contra el ministro Roncaglia, en cambio, iba a ejecutarse en territorio argentino, cuando el funcionario se dirigiera en moto a una quinta cercana a Paraná. El monto acordado en ese caso sería mayor debido a la complejidad del operativo.
El relato del testigo incluyó detalles estremecedores sobre la logística: el plan contemplaba el uso de dos vehículos. En uno se trasladarían los atacantes y, en el otro, un recipiente con cal para ocultar los cuerpos, debido a su capacidad corrosiva.
Tras conocer la denuncia, el ministro de Seguridad provincial fue informado por el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y por el jefe de la Unidad Penal 9.
El informante declaró ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien solicitó al juez Hernán Viri la orden de allanamiento del penal. El procedimiento se realizó el viernes 20 por la tarde y estuvo a cargo del Escuadrón 56 de Gendarmería.
Durante el operativo, que contó con el apoyo de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial, se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones, cocaína y documentación que ahora será analizada en el marco de la causa.
La revelación del plan generó fuerte preocupación entre los funcionarios involucrados. Como medida preventiva, se dispuso un esquema especial de seguridad para ellos y sus familias.
El fiscal Rebollo quedó a cargo de la investigación, que continuará en la Justicia Federal de Gualeguaychú. Por el momento, las autoridades buscan determinar el grado de avance de la maniobra, la posible participación de otras personas y si el presunto sicario uruguayo llegó a ser contactado.
