Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó habían sido detenidas el martes por orden del juez federal Ernesto Kreplak. Ambas recuperaron la libertad bajo una caución real de $75 millones, que garantizaron con inmuebles, y tienen prohibido salir del país.
Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó recuperaron la libertad bajo una caución real de $75 millones cada una. (Foto: captura A24)
La ex jefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), Nélida Agustina Bisio, y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), Gabriela Mantecón Fumadó, fueron excarceladas este viernes por el juez federal Ernesto Kreplak, luego de haber permanecido detenidas desde el martes en el marco de la investigación por la contaminación de fentanilo que provocó al menos 90 muertes.
Las dos ex funcionarias quedaron en libertad bajo una caución real de $75 millones cada una. En lugar de realizar un depósito de dinero, el juzgado aceptó propiedades como garantía. Mantecón Fumadó ofreció como respaldo una vivienda ubicada en Santa Clara, mientras que Bisio presentó un inmueble registrado a nombre de su hijo. Además, ambas entregaron sus pasaportes y quedaron sujetas a una prohibición de salida del país.
Bisio y Mantecón Fumadó habían sido arrestadas a pedido de la fiscal federal Laura Roteta, quien había solicitado sus detenciones para asegurar que se presentaran a declarar. Las indagatorias se concretaron esta semana y las dos quedaron acusadas bajo el artículo 201 bis del Código Penal, que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión para quienes contaminen o envenenen sustancias medicinales cuando esa conducta deriva en muertes.
La investigación sostiene que ambas funcionarias habrían omitido tomar medidas que podían haber evitado la distribución de medicamentos afectados. Según la acusación, el 3 de enero de 2025 recibieron un informe elaborado a partir de una inspección en Laboratorios Ramallo, en el que se advertían irregularidades graves y se recomendaba detener la producción e impedir la circulación del fentanilo elaborado allí. Sin embargo, las medidas correspondientes se adoptaron más de un mes después.
Los fiscales Laura Roteta y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), sostuvieron que “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”.
La referencia apunta a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este último estaba a cargo de la elaboración de las ampollas de fentanilo que luego eran comercializadas a través de HLB Pharma. Ambas compañías pertenecen a Ariel García Furfaro, señalado como uno de los principales acusados de la causa y quien continúa detenido.
