La Justicia de Salta confirmó que la causa por trata sexual de alumnas en colegios secundarios ya alcanza a 33 víctimas y nueve imputados. El juez federal Julio Bavio autorizó la ampliación de la acusación y extendió la investigación hasta mayo.
Uno de los domicilios allanados donde eran explotadas las adolescentes. (Foto: gentileza El Tribuno)
La investigación por la trata sexual de alumnas de colegios secundarios en la provincia de Salta, considerada ya una de las causas más graves de explotación de menores en los últimos años, dio un giro inesperado ellunes: la Justicia confirmó que el número de víctimas asciende a 33 adolescentes y que el total de imputados involucrados se elevó a nueve personas, todas presuntamente vinculadas a una red sistemática y organizada que operaba en distintos puntos de la provincia.
La información fue confirmada a El Tribuno y Noticias Argentinas tras una extensa audiencia ante el Juzgado Federal de Garantías N°1, a cargo de Julio Bavio, donde además se resolvió ampliar la imputación penal y extender el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026, debido al enorme caudal de evidencia pendiente de análisis y a la posibilidad de que nuevas adolescentes sean identificadas como víctimas.
La causa tuvo su punto de partida el 26 de junio del año pasado, cuando la madre de una estudiante descubrió que su hija tenía en su poder un celular de alta gama y, al revisarlo, encontró mensajes sexuales dirigidos a ella y a su hermana de apenas 12 años, presuntamente enviados por un remisero que hoy figura como uno de los principales imputados.
Esa primera denuncia fue suficiente para que el caso pasara al fuero federal, al advertirse indicios de captación y explotación sexual organizada, una modalidad encuadrada penalmente como trata de personas. En septiembre, con el avance de las pesquisas, cuatro personas fueron detenidas e imputadas como coautoras del delito de trata, agravado por la minoría de edad de las víctimas, la cantidad de afectadas y el carácter organizado de la red.
Sin embargo, esa estructura no estaba integrada únicamente por quienes fueron arrestados en esa primera etapa. Cinco personas más se sumaron a la lista de acusados a medida que los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual lograron reconstruir la operatoria completa mediante peritajes a teléfonos celulares, análisis de redes sociales, reconstrucción de rutas de traslado y seguimiento de movimientos económicos.
El remisero señalado como el iniciador de la organización -según la fiscalía- no actuaba solo: integraba un sistema en el cual cada imputado tenía un rol preciso. El modus operandi incluía:
Identificación y captación de alumnas de escuelas secundarias, tanto privadas como públicas, sin distinción socioeconómica.
Pedido explícito a las víctimas para incorporar a más amigas.
Exigencias físicas o estéticas, uso impuesto de determinadas prendas y, en algunos casos, consumo de sustancias ilegales.
Traslado de las víctimas a hoteles sobre la Ruta 26, fiestas privadas y domicilios particulares, donde se concretaban los encuentros.
Pago de dinero al remisero, quien presuntamente coordinaba los "servicios" y distribuía los beneficios económicos.
Una frase del dictamen fiscal sintetiza el horror que exponen los testimonios: “A tal punto era la perversidad de los acusados que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando cumplían 18 años, las desechaban”.
La investigación reveló también que algunos imputados amenazaban a las menores para que no revelaran lo ocurrido, motivo por el cual el tribunal dispuso medidas de protección personal para las víctimas que continúan residiendo en la provincia.
En una primera etapa, solo tres adolescentes habían sido detectadas como víctimas. Pero el trabajo de la psicóloga Verónica Olguín Rufino, referente del Área de Víctimas, permitió desbloquear memoria traumática y obtener nuevos testimonios, que elevaron el número a 33 jóvenes identificadas.
La fiscalía advierte que la cifra aún podría crecer, ya que todavía resta analizar miles de mensajes, audios, fotografías y transferencias, además de dispositivos electrónicos secuestrados.
La causa -que se formalizó judicialmente el 11 de septiembre- ahora ingresa en una etapa clave: el procesamiento y posible solicitud de prisión preventiva para quienes están detenidos, y la búsqueda de más implicados que podrían haber colaborado indirectamente con la red.
De los nueve imputados, según la acusación:
Ocho están señalados como coautores de trata y explotación sexual agravada.
Cinco enfrentan cargos por asociación ilícita.
Seis fueron imputados por tenencia y distribución de material sexual de menores.
Dos suman cargos por abuso sexual de una menor de 13 años.
Dos figuran por promoción y facilitación de prostitución agravada en seis hechos.
Mientras tanto, el expediente también está acompañado por la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), que aporta personal especializado para la extracción y análisis de evidencia digital.
El juez Bavio justificó la extensión del proceso afirmando que “aún resta analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos o bien identificar a otras personas implicadas”.
