Las reclusas murieron durante un incendio en diciembre y la defensa de una de las víctimas solicitó que determinen si existieron fallas en el accionar de las autoridades.
Las reclusas murieron durante un incendio en diciembre.
A dos meses del incendio en la Cárcel de Mujeres de Bouwer, en Córdoba, que provocó la muerte de dos internas, la familia de Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, reclama avances en la investigación y denuncia graves irregularidades en el accionar del personal penitenciario. El caso generó fuerte impacto por las condiciones de detención y la responsabilidad del Estado en la custodia de las personas privadas de libertad.
Según fuentes judiciales, la madre de la joven, Valeria Soledad Romero, solicitó ser reconocida como querellante particular en la causa. El objetivo es impulsar la investigación y esclarecer las circunstancias en las que murió su hija, mientras el expediente avanza en la Justicia provincial.
El incendio ocurrió durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025 en un sector de aislamiento del penal. Allí, Pedraza se encontraba alojada junto a Evelin Romina Charras, cuando se desató el fuego que terminó con la vida de ambas. La denuncia sostiene que la joven no tenía condena firme y estaba bajo custodia exclusiva del Estado.
De acuerdo con el planteo de la familia, su traslado al penal de Bouwer había sido gestionado para facilitar el contacto con sus allegados durante las fiestas, en especial con su hija menor.
La querella, representada por el abogado Diego Casado, apunta a una serie de presuntas fallas en los protocolos de seguridad del penal. Entre los puntos más graves mencionan la presencia de colchones inflamables dentro de la celda de castigo, la supuesta existencia de un encendedor y la falta de funcionamiento de los matafuegos.
Según la presentación judicial, estas condiciones habrían generado un escenario de alto riesgo que derivó en la tragedia. Además, la familia denuncia que el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas, pese a los pedidos de auxilio de Pedraza.
Otro aspecto cuestionado es que otras internas habrían sido evacuadas antes que la joven, lo que, según el planteo, agrava la responsabilidad del Estado. “El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, sostuvo Romero en el escrito.
La familia también reclama que se investigue si existieron maniobras para modificar o unificar las declaraciones de los agentes penitenciarios. Según indicaron, algunos efectivos habrían mantenido reuniones con autoridades del penal antes de declarar, lo que despierta sospechas sobre un posible encubrimiento.
En este contexto, la querella pidió que se determine si hubo conductas orientadas a ocultar información o responsabilidades tras el incendio.
Para los familiares de Pedraza, el caso podría encuadrarse en figuras penales como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte. Sin embargo, la calificación final dependerá del avance de la investigación.
Además de las responsabilidades penales, la familia busca que se evalúe la posible responsabilidad civil e incluso internacional del Estado provincial por las condiciones de detención y la respuesta ante la emergencia.
Entre las medidas solicitadas se destacan el envío del libro de guardia del día del incendio, los protocolos de actuación ante emergencias, los registros de mantenimiento de los equipos contra incendios y la nómina del personal que estaba de turno.
También se pidió la preservación de los registros fílmicos, los informes de autopsia y la realización de peritajes técnicos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.
A dos meses de la tragedia, la familia insiste en que el caso no quede impune y exige respuestas concretas de la Justicia. Mientras tanto, la investigación continúa en busca de determinar qué ocurrió en el penal de Bouwer y si existieron responsabilidades por la muerte de las dos internas.
