Cifras oficiales del Gobierno indican que hasta octubre eran unos 34.000 los despidos de empleados públicos, pero el objetivo era llegar a 70.000 al 31 de diciembre, cuando venzan nuevos contratos. ¿Qué pasará con los exámenes de idoneidad?
El Gobierno prepara otra tanda de despidos de empleados estatales para fin de año, con el resultado de los exámenes de capacidad. Foto ATE en X.
34.000 empleados estatales fueron despedidos de la función pública desde que asumió Javier Milei. La mayoría eran contratados y unos 18.000 de planta permanente que fueron desafectados por el gobierno por la eliminación de las áreas y organismos en los que trabajaban; también detectaron "ñoquis" que no cumplían funciones específicas.
De los 34.000 despidos al mes de octubre, podría sumarse otros 2000 de noviembre y 2000 más en diciembre, lo que daría una cifra de 38.000.
Los despidos fueron menos de los que hubiera deseado Milei quien en sendas declaraciones públicas durante el primer año de gestión, había establecido la cifra de 70.000 para terminar este año.
En septiembre se puso un freno a los despidos masivos ante las evaluaciones trimestrales que realizaron las autoridades de las distintas áreas del Estado, que advirtieron sobre posibles riesgos para el funcionamiento de organismos clave y una ola de protestas de trabajadores de la salud, del PAMI, ANSES, CONICET, entre otros organismos.
Ante esa disyuntiva, surgió la resolución 26/2024 del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger postergar los despidos masivos para fin de año, y tomar la decisión en base a un examen de idoneidad al que deben someterse todos los empleados públicos para poder continuar en sus puestos.
"Se sigue evaluando al personal contratado y se realiza esa evaluación de las personas que están dentro de proceso de cambio de estructuras” en las diferentes dependencias de la administración pública, dijeron fuentes oficiales a A24.com.
Si bien desde el Gobierno sostienen que el recorte de estatales a fin de año no será tan profundo como veces anteriores, en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) existe temor y aseguran que el mayor ajuste se sentirá en los ministerios de Salud, de Justicia y de Capital Humano. Hay 70 mil puestos de trabajo en la mira.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió este lunes la renovación automática y anual de los casi 50 mil contratos que vencen el próximo 31 de diciembre en la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada. En este marco, lanzó una nueva Jornada de Lucha para el miércoles 11. "El fraude laboral del Gobierno en el Estado es gigantesco. Se le tiene que empezar a poner fin a la alarmante precarización renovando de manera automática todos los vínculos contractuales que vencen a fin de año hasta su definitiva incorporación en la planta permanente”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En ese marco, ATE anunció que seguirá el plan de acción de cara a las fiestas de fin de año con movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias.
Un informe oficial al que tuvo acceso A24.com indica que en el plano de la transformación del Estado, el Poder Ejecutivo redujo la dotación en más de 34 mil empleados.
En la revisión de estructura ya se eliminaron más de 200 áreas (Direcciones Nacionales, Direcciones y coordinaciones) que tenían funciones duplicadas u obsoletas.
Se redujeron más de un 30% la cantidad de autoridades superiores. Además, comenzó la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que deberán rendir todos aquellos que quieran trabajar en la función pública desde 2025.
Milei habló de ponerle un "cepo al Estado" después de la resolución de Sturzenegger que obliga a jubilar a unos 10.000 empleados, de los cuales 6800 son de planta permanente. La medida se anunció en medio de despidos masivos por la reforma del Estado.
La Resolución 3/24 que obligó a todas las áreas del gobierno a en los próximos 30 días a intimar a las personas que están en condiciones de jubilarse", argumentaron y agregaron que el objetivo del Gobierno con el nuevo achique de la planta permanente y de contratados de empleados estatales, es "asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Sector Público Nacional".
En ese sentido, agregaron que para instrumentarlo, el 10 de octubre la Secretaria de Transformación del Estado y Función Pública suscribió un Convenio de intercambio electrónico de información con la ANSES para que ese organismo determine quiénes están en condiciones de concretar el trámite".
Por otra parte, eliminó por decreto los privilegios hereditarios que existían en algunos organismos públicos.
Asimismo, haciendo uso de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases, el Gobierno las usó para:
La eliminación de la AFIP, decisión que implicará una reducción del 35 % de la planta de personal -unos 3100 empleados- y derivó en una ola de protestas y tomas del edificio ubicado a metros de la Casa Rosada.
