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POLÍTICA

Alberto se radicaliza para cohesionar su frente interno e intenta frenar las críticas por la "lentitud" de la gestión

Alberto se radicaliza para cohesionar su frente interno e intenta frenar las críticas por la
Alberto busca cohesionar su frente interno (Foto: archivo).

En lo peor de la pandemia del coronavirus, la crisis económica, la inseguridad y los conflictos con la clase media por la reforma judicial, el presidente Alberto Fernández decidió convertirse en un líder radicalizado y provocador. La escalada albertista contra la oposición obedeció a las fuertes críticas internas que recibe del ala que lidera Cristina Kirchner por la lentitud en la gestión y ejecución de políticas públicas.

“Hay mucha insatisfacción dentro de la coalición por la mala gestión, ejecutividad y la lentitud para dar respuestas”, dijo a A24.com un funcionario que padece las internas del palacio. Cuatro ejemplos demuestran ese mal clima:

  • El despido de Sergio Lanziani de la Secretaría de Energía y el nombramiento del cristinista Darío Martinez.
  • El traslado de esa Secretaría a la órbita del Ministerio de Economía. Martín Guzmán tiene un aval total de Cristina, no así el Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas, que es albertista.
  • La renuncia de Adriana Puiggrós al viceministerio de Educación. Puiggrós, más cercana a Cristina, dio el portazo por serias discrepancias con el ministro Nicolás Trotta, a quien también le criticó falta de gestión.
  • Los trascendidos que dan cuenta del enojo de Cristina con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, porque no defiende la reforma judicial.

El Presidente no puede enfrentarse a Cristina porque dañaría la integridad del Frente de Todos. Entonces optó por escalar la pelea contra el adversario externo para lograr cohesión interna. Tan antiguo como el kirchnerismo.

En un sentido más amplio, el Presidente quiere provocar además la reacción de Juntos por el Cambio para que los sectores medios que comienzan a quietarle su apoyo a la gestión –esos que en las encuestas dejaron de apoyarlo- puedan volver sobre sus fueros y retomen el respaldo a la gesta albertista.

La radicalización del Gobierno es un hecho. El Presidente incurrió en declaraciones dignas de dirigentes combativos como Juan Grabois o Luis D’Elía. En un mismo reportaje radial, metió cuatro bombazos:

  • “A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri”. Un cachetazo a las víctimas del Covid 19, a los familiares que hoy no pueden despedir a sus seres queridos de esta vida, a los desocupados de la crisis y a los empresarios que cerraron sus persianas.
  • “No estoy en guerra con nadie”, dijo pese a firmar un DNU que dio en la línea de flotación del sector de las telecomunicaciones, al declararlas servicio público y regular sus tarifas y también su actividad. Habrá un pleito judicial por esto.
  • Defendió la “cláusula Parrilli” contra la libertad de prensa en la reforma judicial, algo que sus voceros habían dicho que nunca haría.
  • Reveló una supuesta charla privada con Mauricio Macri en la que éste, supuestamente, desaconsejó la cuarentena para que “se mueran los que tengan que morir”. Macri lo desmintió.

Además, se registraron otros indicios de radicalización de la gestión en los propios actos de gobierno, llevado por el apuro de Cristina:

  • Pisó el acelerador a fondo en la reforma judicial en el Congreso.
  • Duplicó de 324 a 624 los cargos judiciales para negociar con los gobernadores los votos favorables y el quórum de los diputados, aunque aún sigue sin tener apoyo para la ley en la Cámara baja.
  • Dejó hacer a Parrilli en la cláusula que condiciona a la libertad de prensa porque obliga a los jueces a denunciar a los medios que publiquen noticias o investigaciones.
  • Ordenó a sus colaboradores que ayuden a Cristina a destituir al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, en el Senado.
  • Deja hacer en la destitución de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Cámara Federal.
  • Despidió a Lanziani y lo reemplazó por un kirchnerista como Darío Martínez y pasó la Secretaría a Economía. Ahora el área de la energía está controlada por Máximo y Cristina. El CEO de YPF, Sergio Affronti, responde al kirchnerismo. Solo queda Guillermo Nielsen, albertista, como titular de YPF.
  • Difundió la foto en Olivos con Hugo Moyano y su familia, sin distanciamiento social ni barbijo, en una clara reunión social, de esas que están prohibidas en el decreto 641.

Dentro del malestar interno en el kirchnerismo por la gestión, la campana de largada para la radicalización de Alberto fue la marcha del Banderazo del 17A. El Presidente identificó un “enemigo amenazante”. En tanto, Juntos por el Cambio sumó aliados para oponerse a la reforma judicial en Diputados, donde se juega toda su suerte en las elecciones de 2021 y 2023.

Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta interpretaron que este nuevo escenario les abre una “nueva” oportunidad que hace unos meses no veían luego de terminar muy mal su gobierno. Alberto declaró la etapa de hostilidades: “No nos vamos a dejar doblegar por los que gritan y no tienen razón”. Ahora, la oposición busca aliados para las elecciones de 2021.

“El malestar de Cristina no pasaba por la moderación sino por la desorganización del Gobierno y la mala gestión de algunas decisiones que se vieron muy lentas. El caso de Lanziani fue un ejemplo claro”, dijo a A24.com una persona del entorno. Previo a echar al secretario de Energía, el Presidente resolvió aumentar las naftas en un 4,5% promedio nacional.

Quizás creyeron que le allanaban el camino al sucesor, Darío Martinez, kirchnerista. Sin embargo, en el sector energético, vinculado con el albertismo, dicen que el incremento debería ser del 12 a 15% para resolver la ecuación de la producción de combustibles.

Hoy las refinerías no integradas (que no tienen producción local de crudo) no pueden comprar crudo a 45 dólares (precio del “barril criollo”, dispuesto en acuerdo con gobernadores). Podrían comprarlo a precio de exportación, entre 30 y 35 dólares. Pero a ese precio las productoras prefieren exportarlo porque se ahorran las regalías internas.

Resultado: peligra la producción de gas oil, fuel oil y gas licuado. Podrían a mediano plazo cerrar refinerías, despedir trabajadores y verse obligados a importar combustibles como ocurría en la gestión de Julio De Vido hasta 2015. Lo mismo ocurre en el mercado del gas. “Si no aumentan los precios, el año que viene vamos a tener que importar”, dijo una alta fuente oficial.

Este dilema deberá resolverlo ahora el ministro de Economía, Martín Guzmán. Desde que cerró el acuerdo de la deuda con los acreedores privados, Guzmán pasó a ser como una vaca sagrada para Cristina Kirchner. En el Instituto Patria aseguran que Guzmán está para mucho más y lo imaginan como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2021 y con proyección para 2023. “Habrá que poner orden en esa secretaría, que será la encargada de conseguir los dólares que a la Argentina le faltan”, señalan en Balcarce 50.

Guzmán también tendrá que absorber las jubilaciones de la reparación histórica que hoy no puede pagar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que será reformado por ley: son 10.000 millones de pesos por mes.

“Lanziani se fue por inoperante. No tenía contactos con los empresarios del sector y sólo le importaba la energía nuclear, que es el 3% de lo que se genera en el país”, dijo un alto funcionario a A24.com. Además, agregó: “No se olvide que fue sorprendido durmiendo con una novia en Oberá en plena cuarentena cuando debía estar en Buenos Aires”.

La postal de la radicalización del Gobierno en favor del kirchnerismo puro ocurrió ayer en el Congreso. Luego de que Alberto Fernández firmó el DNU que hace servicio público a las telecomunicaciones, la Comisión Bicameral parlamentaria que revisa esos decretos, lo aprobó en sólo una hora y solo un día hábil después de publicado en el Boletín Oficial. Mientras que la promesa de campaña de conformar un Consejo Económico y Social para iniciar un dialogo sobre el futuro productivo del país todavía no ingresó en el Congreso luego de 9 meses de gestión, un ataque al sector de los medios se aprobó en un trámite exprés.

por Mariano Obarrio
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