Fabiana León y Paul Starc se opusieron al planteo de las defensas. “No se vende impunidad”, sostuvo la titular del Ministerio Público.
La fiscal rechazó el pedido de los empresarios de pagar para evitar el juicio.
La fiscal federal Fabiana León rechazó la posibilidad de que los empresarios acusados en el caso de los Cuadernos de la Corrupción se liberen de culpa a cambio de un resarcimiento económico. El Tribunal Oral Federal 7 evaluó este viernes los pedidos de casi 50 imputados que buscan pagar para evitar ir a juicio, previsto para el próximo 6 de noviembre.
“No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se han causado; en esta fiscalía no se vende impunidad”, expresó la fiscal durante la audiencia que se desarrolla este mediodía en la audiencia que se realizó de manera virtual.
La fiscal general Fabiana León planteó ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli la necesidad de un espacio para que defensores de empresarios y exfuncionarios detallen sus argumentos. Allí, León rechazó el pedido de los imputados de poner un precio para evitar ser juzgados por un tribunal.
Antes, se había expresado en el mismo sentido el titular de la Unidad de Información Fiscal (UIF), Paul Starc. Este advirtió que aceptar esas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes detentan poder económico.
Más de 30 ejecutivos acusados en el expediente habían ofrecido pagos y hasta bienes para evitar el juicio oral y público. Incluso uno de ellos ofreció un departamento en Miami y un barco.
El punto planteando por las defensas de los empresarios que buscan el acuerdo económico es que un juicio con esa cantidad de acusados, que prevé audiencias semanales y más de 600 testigos podría extenderse por años, incluyendo la etapa de apelaciones y la revisión final de la Corte Suprema. En ese marco, pidieron que opine la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal.
Según trascendió, Taselli ofreció 10 mil dólares y Pescarmona 500 millones de pesos. Mientras que Clarens, financista de los Kirchner, ofreció un barco y un departamento en Estados Unidos por un valor equivalente de 1,5 millones de dólares.
La reparación del daño es una herramienta prevista en el Código Penal y permite extinguir la acción penal una vez que se abona el monto equivalente al daño generado por el delito, evitando así el juicio.
A diferencia del juicio abreviado, donde el imputado reconoce los cargos y acuerda una pena con la fiscalía, la reparación no exige admisión de culpa. En caso de que los jueces acepten la propuesta de los empresarios, quedarían sobreseídos.
Durante la sesión de este viernes el TOF 7 escuchó a los empresarios para que amplíen sus posturas. Luego, intervino la fiscal León, y comenzaron los plazos para que los magistrados resuelvan.
La investigación surgió a raíz de las anotaciones que realizaba en un cuaderno Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del entonces ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido.
La causa tiene 174 procesados, 30 de ellos en calidad de arrepentidos, 26 calificaciones legales distintas según el rol de cada uno y un total de 540 hechos bajo la lupa. El caso se formó a partir de la fusión de varios expedientes, algunos preexistentes a esta causa y otros que se abrieron por las confesiones de los acusados.
En la instrucción se determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado.
El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y hasta una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también Miami y -según se supo ahora- el Caribe.
