La Justicia ordenó allanamientos simultáneos en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la droguería Suizo Argentina en el marco de la causa que involucra al exfuncionario Diego Spagnuolo. Buscan documentación clave sobre presuntos sobornos y contratos irregulares.
Causa Spagnuolo: nuevos allanamientos en las sedes de ANDIS y en la Droguería Suizo Argentina. (Foto: A24)
La investigación por presunta corrupción que involucra al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sumó este viernes un nuevo capítulo. La Justicia Federal ordenó allanamientos simultáneos en todas las sedes de la ANDIS y en la droguería Suizo Argentina, señalada en la causa como una de las empresas que habría pagado sobornos a funcionarios a cambio de millonarios contratos estatales.
Los procedimientos, dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello y solicitados por el fiscal Franco Picardi, son ejecutados por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo incluyó la sede central de la ANDIS, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 1400, donde al menos 10 agentes ingresaron a lo largo de sus ocho pisos para secuestrar documentación relacionada con compras, licitaciones y convenios con proveedores.
El caso conocido como “Causa Spagnuolo” tuvo su origen en la difusión de una serie de audios atribuidos al entonces director de la Agencia de Discapacidad. En esas grabaciones se lo escuchaba hablar de presuntos sobornos a cambio de contratos estatales con la droguería Suizo Argentina.
En un primer momento, Spagnuolo buscó despegarse del escándalo alegando que los audios habían sido “fabricados con inteligencia artificial”. Poco después, cambió la versión y los calificó como “ilegales”, sin negar su autenticidad. Esa contradicción aumentó las sospechas sobre su rol en el presunto entramado de corrupción.
La investigación avanzó con el peritaje de su celular, donde los expertos detectaron mensajes eliminados. Los investigadores intentan determinar si esas conversaciones borradas incluían intercambios con Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem o empresarios cercanos al Gobierno. Tampoco se descarta que hubiera contactos con los hermanos Jonathan, Emanuel y Eduardo Kovalivker, propietarios de Suizo Argentina.
El objetivo central de los procedimientos es secuestrar documentación complementaria que permita trazar el recorrido de licitaciones, compras y contratos. Según trascendió, la Justicia está más interesada en los papeles que en los audios, ya que allí podría estar la prueba concreta del desvío de fondos y el cobro de coimas.
Fuentes judiciales indicaron que lo que se investiga son los convenios entre la agencia y la droguería para la provisión de medicamentos y alimentos destinados a beneficiarios de pensiones por discapacidad. “Se buscan facturas, órdenes de compra, remitos y todo lo que pueda demostrar irregularidades en las adjudicaciones”, explicaron allegados al expediente.
La decisión de Casanello de ordenar nuevos allanamientos responde a la necesidad de cruzar datos con la documentación ya secuestrada en los primeros procedimientos realizados en julio.
La Agencia Nacional de Discapacidad, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Salud, quedó en el centro de la polémica. Durante el operativo en su sede central, muchos beneficiarios que habían acudido a realizar trámites manifestaron temor a perder sus pensiones.
En paralelo, trascendió que se están realizando auditorías internas sobre las pensiones no contributivas. Según fuentes oficiales, antes de la salida de Spagnuolo ya se estaba preparando una licitación para enviar 720.000 notificaciones postales, con el objetivo de revisar la totalidad de las prestaciones.
Si bien se aclaró que no se darán de baja 720.000 pensiones, se estima que al menos 220.000 podrían quedar sin efecto por no cumplir los requisitos de invalidez laboral (66%) o de vulnerabilidad social.
La empresa Suizo Argentina aparece en el expediente como pieza clave. De acuerdo con los audios, habría pagado sobornos a cambio de asegurar contratos multimillonarios con la ANDIS.
Los dueños de la firma, los hermanos Kovalivker, son parte de la línea de investigación. La Justicia intenta establecer si existieron favorecimientos indebidos en licitaciones, en perjuicio de la transparencia del sistema público de compras.
Los allanamientos en sus oficinas apuntan a obtener registros contables, correspondencia interna y comunicaciones con funcionarios que respalden o descarten esas acusaciones.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la posibilidad de que Spagnuolo haya mantenido contactos directos con referentes del Gobierno nacional. Por eso, la fiscalía analiza con especial atención los mensajes eliminados en su celular.
La sospecha es que podrían existir intercambios con figuras cercanas al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, así como con Eduardo “Lule” Menem, un dirigente de confianza en la mesa chica del Ejecutivo.
Hasta el momento, no hay pruebas firmes que vinculen a estos funcionarios, pero el solo hecho de que sus nombres aparezcan como hipótesis de investigación aumentó la tensión política alrededor del caso.
El juez Casanello deberá evaluar la documentación secuestrada en los nuevos allanamientos y determinar si se acumula evidencia suficiente para procesar formalmente a Spagnuolo y a otros posibles involucrados.
Los próximos pasos de la causa dependerán también de los resultados del peritaje sobre los mensajes eliminados en el celular del exfuncionario. Si se confirma que hubo contactos comprometedores con empresarios o funcionarios, la investigación podría escalar en niveles de responsabilidad política.
