La Justicia incorporó videos de accesos y salidas del barrio cerrado para determinar si el jefe de seguridad ayudó a Jonathan Kovalivker a escapar de la policía.
El exclusivo barrio cerrado Nordelta.
La investigación por presuntas coimas en la ANDIS avanza. Este martes, la Justicia ordenó allanamientos en dos barrios exclusivos de Nordelta: La Isla y El Golf. El objetivo fue obtener los registros de ingreso y egreso de personas y acceder al contenido de las cámaras de seguridad, una medida clave solicitada por el juez Sebastián Casanello, quien tiene a su cargo la causa.
El fin de incorporar al expediente registros fílmicos de las entradas y salidas para corroborar los movimientos del jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vincentis, sospechado de ayudar a huir de la policía al empresario Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, que ayer se presentó en Comodoro Py con su abogado.
El lunes, como parte de la investigación, había prestado declaración indagatoria el jefe de Seguridad del barrio. Horas más tarde, móviles de la Policía de la Ciudad se instalaron en los accesos a los barrios para comenzar con las diligencias. La causa se aceleró tras la aparición de audios comprometedores que vinculan directamente a exfuncionarios del organismo con supuestas maniobras de corrupción en contrataciones públicas.
Todo se desató a partir de una serie de audios filtrados que involucran a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esas grabaciones, Spagnuolo describe un esquema de cobro de coimas dentro del organismo, apuntando directamente a irregularidades en las contrataciones, especialmente en lo referido a la droguería Suizo Argentina.
Ante el impacto de estos audios, la Justicia federal abrió una causa y comenzó una auditoría interna en el organismo, a cargo del interventor Alberto Vilches. El propio Gobierno tomó nota de la gravedad del escándalo y ya resolvió aplicar cambios estructurales en la ANDIS, comenzando por la forma en que realiza contrataciones.
El Gobierno intervino el organismo. También provocó una revisión completa de las licitaciones, las compras directas y los procedimientos por vía de excepción realizados por la ANDIS en los últimos años.
Desde el Ejecutivo aseguran que el contrato con la droguería Suizo Argentina será auditado en profundidad, dado que es el principal foco de las sospechas judiciales. El expediente ya motivó allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos (incluido el celular de Spagnuolo) y múltiples citaciones judiciales.
Mientras tanto, la causa también hizo ruido en el Congreso Nacional. Estaban citados a declarar Alberto Vilches (interventor de la ANDIS) y Federico Lugones, pero ambos decidieron no presentarse ante las comisiones de Acción Social, Salud Pública y Discapacidad, lo que generó fuerte malestar en la oposición.
Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva reclamó formalmente la interpelación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien es mencionada en los audios. En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés solicitó que el ministro Federico Sturzenegger rinda cuentas sobre su eventual participación en la baja masiva de pensiones por discapacidad.
