Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron los recursos presentados por la expresidenta y pidieron las acciones contra los inmuebles embargados de forma inmediata.
La fiscalía volvió a exigir la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 avanzar sin más demoras en la ejecución del decomiso por $684.990 millones ordenado en la sentencia firme de la causa Vialidad, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios por defraudación al Estado.
Según indicaron, ya pasaron más de cuatro meses desde que la decisión quedó firme, pero “aún no se ha concretado la ejecución del decomiso”.
Luciani y Mola remarcaron que los condenados “se negaron a cumplir con la orden judicial y no depositaron ni un solo peso”. En su presentación, advirtieron: “La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Los fiscales reclamaron al TOF que avance sobre los bienes embargados conforme al artículo 23 del Código Penal, hasta cubrir el monto total del perjuicio económico. “El cumplimiento total de la sentencia no puede quedar librado a la buena voluntad de los condenados. El incumplimiento liso y llano obliga al Estado a utilizar todos los medios compulsivos que la ley establece para revertir esa situación”, sostuvieron.
En el dictamen, Luciani y Mola recordaron que la sentencia permite vincular al decomiso todas las incorporaciones patrimoniales registradas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se cometió la defraudación a través de 51 licitaciones viales en Santa Cruz.
Propiedades en Río Gallegos, transferidas a Máximo y Florencia Kirchner.
Respecto al fideicomiso, los fiscales explicaron que Austral Construcciones aportó parte de su capital para edificar unidades destinadas a los expresidentes.
Otro de los bienes mencionados es el Complejo Hotel Los Sauces, en El Calafate, cedido a Máximo y Florencia Kirchner. Si bien fue adquirido en 2002, los fiscales señalaron que el hotel fue construido después del inicio de la maniobra delictiva y bajo un contrato directo entre Cristina Fernández y Lázaro Báez.
“El terreno fiscal que Cristina Fernández adquirió en 2002 a valores irrisorios fue luego intervenido por Austral, que le devolvió el predio con un hotel de lujo construido dentro de su perímetro. Otro auténtico negocio entre la exfuncionaria y el contratista ilegítimamente beneficiado”, se detalla en el dictamen.
Por ello, concluyeron que Los Sauces debe incluirse entre los bienes a decomisar, al considerarlo parte del beneficio económico obtenido a partir del delito comprobado.
Finalmente, los fiscales enfatizaron que la causa llegó a un punto en el que “el tribunal debe cumplir y hacer cumplir su propio fallo”.
“Se trata de una orden de decomiso firme que tiene que ser ejecutada sin más demoras”, afirmaron Luciani y Mola.
Con este pedido, los fiscales buscan que la Justicia avance de inmediato con la recuperación de los bienes para reintegrar al Estado los fondos públicos desviados durante la maniobra investigada.
