La norma que modifica la ley de DNU se aprobó en general por 140 votos a favor y 80 en contra, pero la votación de un artículo clave no alcanzó la mayoría necesaria y cayó. Ahora vuelve al Senado.
Diputados aprobó la limitación de los DNU, pero el Gobierno ganó tiempo y vuelve al Senado.
En una sesión cargada de tensión política, la oposición consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados el quórum y los votos necesarios para aprobar en general la modificación de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una norma que busca restringir el poder presidencial de Javier Milei.
Sin embargo, un artículo central del texto -el número 3- no logró la mayoría absoluta requerida, por lo que el proyecto deberá regresar al Senado, que ahora tiene la posibilidad de insistir con la redacción original.
Por mandato constitucional, la aprobación requería mayoría absoluta, es decir, 129 votos afirmativos. En la votación en general, la oposición obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, logrando el objetivo inicial.
Pero el verdadero conflicto llegó en la votación en particular, cuando el artículo 3, considerado el corazón de la norma, solo consiguió 127 votos positivos, quedando a dos votos de ser aprobado.
Ese artículo establecía que los DNU solo podrían mantenerse vigentes si eran avalados por ambas cámaras del Congreso, con mayoría absoluta, en un plazo máximo de 90 días. Si ese requisito no se cumplía, el decreto quedaría automáticamente derogado.
Con la caída de ese punto, el texto quedó modificado y deberá volver al Senado, donde los legisladores podrán insistir con la versión original aprobada el mes pasado.
Entre la votación general y la particular, la oposición perdió 14 votos clave. Varios diputados que habían acompañado el proyecto en general votaron en contra del artículo 3. Entre ellos, tres del PRO: Héctor Baldassi, Sofía Brabilla y Álvaro González, y tres de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Juan Manuel López, quien ya había impulsado un dictamen alternativo en minoría.
También se desmarcaron cuatro exlibertarios del bloque Integración y Coherencia -Oscar Zago, Gerardo González, Eduardo Falcone y Carlos D’Alessandro-, quienes no dieron quórum al inicio y votaron contra el artículo más importante.
En tanto, la diputada Melina Giorgi, de Democracia para Siempre y cercana al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, se abstuvo en la votación general, pero votó en contra del artículo central. El chubutense Jorge Ávila, del PRO y alineado con Ignacio Torres, tomó una posición similar.
Por su parte, los radicales Fabio Quetglas y Karina Banfi apoyaron la ley, pero se abstuvieron en la votación del artículo 3.
Un detalle que generó sorpresa fue el de Silvia Lospennato (PRO), quien no estuvo presente en la votación general, pero ingresó más tarde para emitir un voto negativo contra el articulado. En el entorno de Facundo Manes, que figuró ausente, aclararon que su no votación fue un “error técnico”.
La ley 26.122, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner como senadora impulsora, establece que todo DNU entra en vigor desde su firma y solo se anula si ambas cámaras lo rechazan expresamente.
El nuevo proyecto, aprobado en el Senado con 56 votos a favor y 8 en contra, busca invertir esa lógica: los decretos solo se mantendrían si ambas cámaras los aprueban activamente, en un plazo máximo de 90 días. De lo contrario, caducan automáticamente.
Además, el texto establece que si una cámara lo rechaza, el decreto queda sin efecto, al igual que ocurre con una ley ordinaria.
Ese punto del plazo de 90 días -el que se cayó en Diputados- es lo que limita realmente el margen del Poder Ejecutivo para gobernar mediante DNU.
Sin él, la esencia de la reforma se diluye, y el proyecto vuelve a su punto inicial, a la espera de la definición del Senado.
Con el resultado de Diputados, el proyecto debe volver al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario adverso. La Cámara alta ya había aprobado la ley con una amplia mayoría (56 a 8), por lo que tiene los votos para insistir con la redacción original y convertirla en ley.
Si eso ocurre, el veto presidencial abriría una nueva batalla política y judicial, con la Corte Suprema como posible árbitro final de un conflicto de poderes.
