Denunciaron un “esquema de corrupción” que afecta directamente a las prestaciones para personas con discapacidad y apuntaron contra la cúpula del oficialismo.
Spagnuolo quedó envuelto en un escándalo tras la divulgación de audios en los que habla de supuestas coimas en Andis. (Foto: archivo).
Un plenario conjunto de las comisiones de Salud y Discapacidad de la Cámara de Diputados se reunió este martes para analizar distintos proyectos que plantean la creación de una investigació en el Congreso en torno a los audios que comprometen al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en supuestos pedidos de sobornos.
El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (UxP), remarcó que la tarea de los diputados no se limita a la elaboración de leyes, sino que también incluye el control del Poder Ejecutivo. En ese sentido, señaló que los mecanismos de control —como pedidos de informes, interpelaciones e incluso juicios políticos— deben activarse ante hechos de la magnitud que revelan los audios.
Su par en la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (UxP), apuntó al “contraste obsceno” entre el deterioro de las prestaciones para personas con discapacidad y las cifras millonarias que surgen de las grabaciones. Para graficar la situación, mencionó que trabajadores de talleres protegidos perciben apenas 28 mil pesos mensuales, que los acompañantes terapéuticos discuten incrementos mínimos de sus honorarios y que los transportistas no pueden afrontar el costo del combustible. “Los centros de día y los hogares están al borde del cierre”, advirtió.
Desde la izquierda, la diputada Mercedes de Mendieta cuestionó directamente al presidente Javier Milei. “Estamos hablando de un Gobierno que prometió terminar con los curros y terminó repitiendo las mismas prácticas de la casta: coimas y sobreprecios”, lanzó la dirigente de Izquierda Socialista.
El legislador de UxP Juan Marino fue más allá y aseguró que detrás de la red de corrupción aparece la conducción del oficialismo: “Lo que se destapó es que terminaba en Karina y los Menem, robándose plata de los medicamentos para personas con discapacidad”.
En tanto, Esteban Paulón (Encuentro Federal) planteó la necesidad de conformar una comisión investigadora y señaló que el caso “pone en evidencia un esquema de corrupción que toca los niveles más altos del poder político”. “Este es el Gobierno de las auditorías. Le quiere poner auditoría a todo. Faltan auditorías a las baldosas. A los que no auditan es a los que venden medicamentos al Estado, a los funcionarios que evidentemente facilitaban y aceitaban con una manito de la droguería los contratos para la compra de la medicación”, cuestionó.
La diputada radical Natalia Sarapura también reclamó por la "situación de corrupción y el hecho de que hasta este momento (desde el Gobierno) no hayan retrocedido en las decisiones que afectan los derechos de las personas con discapacidad”.
En el cierre, los opositores coincidieron en que los proyectos presentados podrían trabarse en la comisión de Asuntos Constitucionales, bajo control del oficialismo. Por eso anticiparon que, en la próxima sesión del recinto, impulsarán una moción de emplazamiento para que el debate llegue al pleno de la Cámara.
